El PP pasa la factura educativa a García-Page

Redacción
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La popular Montserrat Martínez ha reclamado al Gobierno regional el 20% de los gastos de funcionamiento que debe a los centros educativos de Cuenca relativos al año 2018

El PP pasa la factura educativa a García-Page

La senadora del Partido Popular por Cuenca, Montserrat Martínez, ha reclamado hoy al Gobierno de Page el 20 por ciento de los gastos de funcionamiento que debe a los centros educativos de la provincia de Cuenca relativos al ejercicio 2018. Según ha indicado Martínez, “es inadmisible que una vez comenzado el año 2019, los colegios e institutos de nuestra provincia todavía no hayan recibido la parte íntegra de la aportación anual que les adjudica la Consejería de Educación, provocando así una asfixia económica en los centros, cuando lo que deberían es estar empezando a ejecutar la partida de 2019”.

La parlamentaria conquense ha recordado que el PP de Cuenca ya se hizo eco de esta situación a mediados del mes de noviembre, cuando a falta de un mes y medio para finalizar el año, la Junta todavía debía el 40 por ciento de la aportación a los centros educativos de nuestra provincia, exigiéndole al Gobierno de Page que realizara el ingreso correspondiente de manera urgente.

“Vamos por el mismo camino, por la senda oscura que dejó Barreda de deuda en Castilla-La Mancha y nos colocó al borde de la quiebra. La verdad de las cifras es la siguiente: los anteriores gobiernos socialistas, tras casi 30 años al frente de la región, dejaron una deuda de 12.800 millones de euros (datos contrastados por la Sindicatura de Cuentas) y que se extraen de la suma de la deuda bancaria más la deuda comercial, en definitiva, deuda roja socialista que en estos momentos se ha incrementado, superando los 14.700 millones de euros”, denunciaba Martínez.

Además, la senadora del PP se ha preguntado cómo sería la situación de bancarrota que había en Castilla-La Mancha para que el propio Gobierno de Zapatero tuviera que prohibir a Barreda solicitar más créditos, “por lo que optaron por la vía de las facturas en los cajones, dejando 600.000 sin pagar a más de 10.000 proveedores”.

En el área de educación, Martínez ha recordado que los gobiernos socialistas dejaron una deuda de 2.900 millones de euros cuando los presupuestos regionales por ejercicio, en aquellos momentos, no llegaban a 8.000 millones de euros, es decir, solo la deuda educativa representaba un 36 por ciento del volumen del presupuesto de Castilla-La Mancha.

“Todos nos acordamos como el dinero llegaba tarde y a cuenta gotas a los centros educativos, aun se debían los ordenadores Toshiba comprados a unos grandes almacenes y entregados varios años antes a los profesores, y peligraban las nóminas de los docentes en junio de 2011”, recordaba Martínez al explicar que lo mismo sucedió con todas las obras prometidas pero no ejecutadas, como Instituto de Tarancón o el pabellón polideportivo del IES Pedro Mercedes; o aquellas que se paralizaron por falta de pago como los colegios de La Paz y el Duque de Riansares (Tarancón) así como el IES Alfonso VIII de Cuenca, donde la empresa se vio obligada a abandonar la obra porque ya se le adeudaban varios millones de euros.

Con este panorama, el Partido Popular heredó una región en prácticamente la quiebra y un país al borde del rescate financiero, por lo que el Gobierno de Cospedal tuvo que aprobar un Plan de Ajuste que hiciera viable a la región, que se garantizaran los servicios públicos como la educación y la sanidad, y se pudieran pagar las deudas que dejaron Bono y Barreda con su nefasta gestión.

Y a pesar de la situación tan crítica, el Gobierno del PP destinó en Cuenca 10 millones de euros para pagar las deudas de estos centros que lo socialistas dejaron abandonados y garantizó la educación pública en nuestra provincia.

“Ahora, el Gobierno de Page ha tenido tres años y medio de situación de crecimiento económico y 1.000 millones de euros más en los presupuestos de 2018 para cumplir con todo lo que prometió desde la oposición, pero no han sido capaces de mejorar las condiciones laborales de los docentes, mantienen ratios ilegales, y encima no solo no aumentan la partida de gastos de funcionamiento a los centros educativos, sino que lo pagan tarde perjudicando seriamente la calidad de la educación en nuestra región”.