El sindicato CSIF acaba de poner en marcha su Oficina de Defensa al Empleado Público. Un servicio con el que quieren dar cobertura jurídica, sindical y psicológica a los trabajadores de las diferentes Administraciones ante situaciones de violencia, de agresión o de acoso de cualquier otro tipo. Como explica el responsable regional de este sindicato, Julio Retamosa, «nos ocuparemos del trabajador, escuchándolo, acompañándolo y asesorándolo de forma gratuita y confidencial».

Con todo, este servicio  hace especial hincapié en la necesidad de poner coto a las agresiones físicas y verbales contra lo empleados públicos, que se centran especialmente en los ámbitos de la Sanidad y la Educación.

De momento, CSIF ya avanza su intención de personarse como acusación particular en todos los casos de agresiones a empleados públicos de los que tenga constancia en la región.  

Agresiones que se cuentan por  más de una al día en el caso de los docentes y los sanitarios. Y eso que  «son muchos los casos que no se denuncian por miedo».  Sin olvidar que esta violencia también existe en el resto de ámbitos de la función pública, especialmente hacía aquellos que trabajan en el área de ayudas y subsidios.

 «La seguridad es vital, pero también es crucial que el agredido no se sienta solo y que todo el peso de la ley caiga sobre el agresor». En este sentido, no se entiende que en Castilla-La Mancha no exista la figura del Defensor del Empleado Público,  ya que es la Administración quien debe de actuar de oficio en la defensa de sus trabajadores, según explica CSIF.

apoyo para los que denuncian a corruptos. Esta Oficina también dará cobertura a los empleados públicos que denuncien situaciones de corrupción en cualquier administración. Como explica Retamosa,  «la Función Pública debe ser garante de los principios de igualdad, mérito y capacidad, pero también del correcto uso de los fondos públicos, que no son otra cosa que el dinero de todos los castellano-manchegos. Atacaremos con toda nuestra fuerza los casos de corrupción, y es que no puede ser que el denunciante se convierta en víctima».