La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, anunció ayer en el Consejo de Ministros su interés de presentar en enero la reforma legislativa que sustituirá a la actual Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

En esa misma sesión, el Ejecutivo marcó el inicio para la derogación de la conocida también como ley Wert, aprobada en 2013 durante el mandato del Partido Popular, con una primera lectura del anteproyecto de modificación.

La titular detalló que la reforma «no significa un cambio de sistema, sino una modernización» sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE), establecida por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, que fue sustituida posteriormente por la LOMCE.

  Esta nueva ley Celaá afectará solo a los estudiantes de educación no universitaria, es decir, alumnos de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Educación Especial, Formación Profesional y otros programas instructivos. La modificación legislativa también actuará sobre 30.000 centros de enseñanzas de régimen general, públicos y privados, y más de 700.000 docentes.

Tras conocerse el anuncio, no tardaron en aparecer los reproches de los principales sindicatos de docentes, entre los que se exigía una participación real del profesorado en la reforma educativa para garantizar su renovación. CCOO pide más celeridad en la eliminación de la LOMCE, es decir, la aplicación de un real decreto-ley.

De todos modos, el anteproyecto se encuentra aún en período de consulta y tendrá que ser aprobado por el Consejo de Ministros antes de iniciar el trámite parlamentario, que será en enero, como pronto, según el pronóstico de la ministra.