El Gobierno niega que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) haya comprado los terrenos del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares sin haber realizado estudios previos sobre los mismos, tal y como denunciaba el coordinador federal de IU, Cayo Lara, en una pregunta dirigida al Gobierno en el Congreso, a la que ha tenido acceso Europa Press.

 Así, aunque el Ejecutivo niega que la empresa comprara los terrenos sin hacer informes previos, sí reconoce que estos estudios deberán de ser ampliados, conforme al Plan de caracterización que Enresa ha concretado con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que servirá para elaborar la documentación que la normativa, tanto nuclear como medioambiental, establece, para que esta instalación pueda contar con las autorizaciones necesarias.

El diputado de izquierdas cuestionaba al Gobierno sobre la gestión de Gil-Ortega, exalcalde de Ciudad Real, al frente de Enresa. A su juicio, Gil-Ortega está realizando una sede de actuaciones «muy discutibles» y su perfil al frente de esta empresa «no parece el adecuado». En su opinión, carece de cualquier tipo de vinculación con el sector nuclear y con el energético, un aspecto que opinión de Cayo Lara, rompería una norma no escrita de 28 años de presidentes, con formación y trayectoria profesional altamente vinculados a los sectores de la energía y a la tecnología nuclear, así como de la protección radiológica.

 

¿Prioritario? Lara destaca que la primera decisión que tomó fue la compra de los terrenos para implantar el ATC en ‘Los Boleos’, «realizando buena parte de las negociaciones personalmente» y «sin conocer si sus características eran adecuadas y a escasos 2.000 metros del casco urbano de Villar de Cañas (justo en el límite legal) y en plena vega del río Záncara».

Lara sostiene que la Comisión Interministerial para la elección del emplazamiento del ATC calificó de «prioritario» el emplazamiento en la finca ‘La Carbonera’, una parcela «más alejada» de Villar de Cañas y del río Záncara, y «más elevada».

«La única diferencia es que la finca ‘La Carbonera’ pertenece a una sola persona no residente en Villar de Cañas, mientras que el Paraje de ‘Los Boleos’ tiene 14 parcelas pertenecientes a otras tantas personas, la mayoría de las cuales reside en Villar de Cañas», agrega.

Es más, sostiene que, a día de hoy, tras muchos estudios, siguen las dudas en cuanto a su riesgo geomorfológico y así lo reconocen los propios técnicos de ‘Enresa’ en sus informes. Por ello, Cayo Lara denuncia que las actuaciones de Gil-Ortega se han demostrado «irresponsables, contrarias a los criterios técnicos de seguridad, opacas, motivadas por los intereses políticos de quien le nombró y con vistas a la compra de voluntades».

En este contexto cita la actuación de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca (donde está representada IU) que ha solicitado públicamente el cese de Francisco Gil-Ortega en la presidencia de Enresa.