La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales (APAM) ha lamentado «la grave desinformación del señor Núñez» sobre sus competencias . Así ha reaccionado la entidad que agrupa a los profesionales de este Cuerpo autonómico ante la propuesta de reforma de la Ley de Caza presentada por el PP, y abanderada por su presidente regional Francisco Núñez, al incluir una retirada de sus facultades como Policía Judicial. Advierten que estas competencias no sólo están consagradas en la actual Ley de Caza, sino también en dos leyes de rango estatal.
El portavoz de APAM, Alfredo Poveda, señala que el carácter de Policía Judicial, con capacidad de investigar y denunciar ante la Justicia delitos en su ámbito, para el Cuerpo de Agentes Medioambientales, de hecho, ya venía recogido en la anterior Ley de Caza, la elaborada durante el Gobierno de la ‘popular’ María Dolores de Cospedal. Y esto, a su vez, se fundamenta en el Estatuto de Autonomía que reconoce la regulación de la caza como «competencia exclusiva» de la Administración regional, lo que obliga a la Junta contar con los agentes medioambientales para funciones de policía administrativa (infracciones) y judicial (para perseguir delitos relacionados con la caza, como el furtivismo).
Pero a todo esto, se suma el reconocimiento de los agentes medioambientales de todo el país como policía judicial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal del Estado y en la también estatal Ley de Montes. Con todo esto, Poveda niega que se pueda hablar de una invasión de competencias de la Guardia Civil «cuando somos los funcionarios encargados» en lo que a infracciones y delitos de caza se refiere.
Ante una cuestión concreta planteada por la diputada regional del PPLola Merino, si un agente medioambiental puede requisar el arma de fuego de un cazador infractor, el responsable de APAM responde afirmativamente al estar amparado por la Ley de Montes. Este precepto se guía el denominado ‘principio de prevención’, a fin de evitar que el infractor pueda continuar con una conducta de daño medioambiental, y va en beneficio de la seguridad de todos los presentes en el campo. Añade que, en estos casos, los agentes saben que deben proceder al «depósito inmediato» del arma en la Intervención de Armas de la Guardia Civil, respetando así las competencias del Instituto Armado.
El portavoz de APAM manifiesta además que en el mundo de la caza no existe ninguna controversia por las potestades de policía judicial de los agentes medioambientales, sino todo lo contrario. Así, destaca que los agentes pueden «garantizar que los cazadores lleven a cabo su acción cinegética» y que los aficionados a la caza «son los primeros que quieren que se persigan los delitos, como el furtivismo».
descargar el arma es una medida de seguridad. En cuanto a otra de las propuestas de la reforma de la Ley de Caza del PP, poner fin a la prohibición para el cazador de tener su arma cargada si está a menos de 50 metros de otra persona, Poveda la defiende como «una medida de seguridad fundamental» para otras personas presentes en el campo, incluidos los propios agentes medioambientales. La suma a otras, como la consideración de zonas de seguridad en las que no es posible disparar para vías, zonas pobladas y otras áreas delimitadas por la Ley de Caza.
En cuanto al riesgo denunciado por Núñez de posibles boicoteos a cacerías por ecologistas, mediante el acercamiento de estos a menos de 50 metros de un cazador, advirtió que esto sería denunciable, por lo que no hace falta retirar la prohibición de armas cargadas.
El responsable de APAM ha enviado una carta al Partido Popular de Castilla-La Mancha para solicitarle una reunión sobre su proyecto de reforma de la Ley de Caza, y ha acogido favorablemente la disposición a un encuentro anunciada por la diputada del PP Lola Merino. «Estaríamos encantados de reunirnos y poder aclarar este tema», comenta Poveda.