Las entidades financieras Caixabank, Bankia y Santander presentaron ayer un recurso contra el Gobierno, ante el Tribunal Supremo, en el que solicitaban la devolución de la cantidad financiada que todavía no han recuperado por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron tras hacerse cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento de gas Castor a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS.

Ya el pasado mes de abril las sucursales iniciaron una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Gobierno, en el que se solicitaba dicha devolución y que se hizo efectiva mediante con una queja ante el Consejo de Ministros. Los demandantes consideraron que, de lo contrario, el Estado se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras. 

En dicha solicitud, los bancos ofrecían un acuerdo para alcanzar el reembolso de una manera flexible, con el fin de evitar un impacto grave en las Cuentas del Estado o en los consumidores de gas.

  Sin embargo, esa interpelación no obtuvo otra respuesta que el silencio administrativo y el Consejo de Ministros agotó el plazo preceptivo de la queja, sin haberla resuelto. Como consecuencia, la reclamación fue desestimada y abrió la posibilidad de ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Las entidades financieras presentaron ayer ante este organismo una demanda por «los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la pérdida de las inversiones realizadas por ellos tras la declaración de inconstitucionalidad parcial de un real decreto ley, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares».