El sindicato CSIF delata que la Administración no está cumpliendo con la normativa vigente y no se están solucionando las deficiencias existentes en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo a las respuestas de más de 140 empleados públicos en la encuesta llevada a cabo por el sindicato en Castilla-La Mancha el pasado mes de junio, una encuesta dirigida a profesionales del ámbito de la Sanidad, la Educación o la Administración General.

Un aspecto crucial que muestra esta encuesta es el de la violencia, donde el 50% asegura haber sufrido alguna amenaza, insulto o intimidación en su puesto de trabajo. En este punto, recalcan que la Administración no toma ninguna medida para evitar este tipo de situaciones.

En cuanto a la evaluación de riegos laborales, hasta un 77% de los encuestados estima que no se han llevado a cabo medidas de prevención y el 68% subraya que en el caso de su implantación la Administración ha tardado más de un año desde que se recomendó que se realizaran.

Asimismo, el 83,5% mantiene que no se han tenido en cuenta los posibles riesgos psicosociales, porcentaje que aumenta al 87% cuando se han producido situaciones de estrés y las instituciones no han actuado. Desde el sindicato subrayan que este último punto es importante por las bajas laborales que produce y por la sobrecarga económica que supone para la Administración, que podría evitarlo con una eficaz política de riesgos psicosociales. Además, las bajas generadas por estrés sólo son reconocidas en el 11% de los casos por parte de la mutua y el 57,5% no está satisfecho con la calidad recibida por el servicio de mutualidad.

Respecto a los bloques de información y formación, el 86% expone que no ha sido informado por escrito de los riesgos y medidas de prevención cuando ha cambiado de puesto de trabajo y el 75,4% que no ha sido formado. Como regla general, CSIF considera la Administración cumple con la legislación en estos puntos excepto cuando el empleado cambia de puesto de trabajo.

Sobre la vigilancia de la salud, la mayoría de encuestados (71%) afirma que sí han sido sometidos a revisiones médicas, pero el 62% mantiene que su puesto no tiene equipos de protección.

A tenor de estos datos, el sindicato concluye que la Administración regional no está cumpliendo con la prevención a través de la información y formación de los empleados públicos, la detección y evaluación precoz de los problemas o deficiencias que afectan al desarrollo de la labor a ejecutar, y la subsanación de los riesgos laborales existentes.