Silvia Valmaña es diputada nacional del PPde Guadalajara, es doctora en Derecho, fue directora general de Familia con Cospedal y respecto al aborto tiene algunas cosas muy claras y otras no tanto. Entre las cosas que tiene claras está la posición del PPsobre este tema, que vuelve a estar sobre la mesa desde que su líder, Pablo Casado, se mostró dispuesto a derogar la ley de plazos. «Lo que tenemos claro desde el PP es que el aborto no es un derecho, no lo recoge la Constitución y no lo ampara», expuso.
El aborto no era el tema con el que salió Valmaña a dar la rueda de prensa que da a diario el PPen las Cortes. Ella salió a hablar en primer lugar de la manifestación del domingo y de la unidad de España (llevaba la bandera en una pulserita y en un broche hecho con botones en forma de corazón). Pero en el turno de preguntas con los periodistas, salió el tema del aborto y ella aprovechó para manifestar expresamente que «el PP siempre ha defendido la vida».
Remontándose a los años en los que estuvo dentro del Gobierno regional, cuando Cospedal fue presidenta, Valmaña subrayó que en Castilla-La Mancha se puso en marcha un programa de apoyo a la maternidad. Señaló que tenía medidas de ayuda a las mujeres embarazadas «para evitar lo que todo consideramos que es un drama».
Esa es la premisa de la que parte. «No queremos que ninguna mujer vaya a abortar alegremente y de manera irreflexiva», recalcó. Por eso, apuesta por tomar cartas en el asunto desde la política. «La primera cuestión es que debemos remover todas las condiciones que hacen que una mujer se plantee abortar», expuso.
Entre las cosas que Valmaña no tiene tan claro está la propia constitucionalidad de la ley en vigor. «El PP recurrió al Tribunal Constitucional y estamos pendientes de esa sentencia, que años después no se ha producido, por lo tanto la única seguridad que tenemos es lo que el Tribunal Constitucional dijo en relación con la ley del 85», explicó. La diputada nacional comentó que solo pueden tener seguridad jurídica sobre el marco del 85 y que si hubiera sentencia sobre la ley actual, tendría «nuevos elementos para valorar su constitucionalidad».