El extesorero del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Lamberto García Pineda, negó ayer tener conocimiento alguno de la supuesta donación de 200.000 euros a su formación, por la concesión del contrato de recogida de basuras de Toledo a la empresa SUFI, en el año 2007, alegando que su labor en el cargo, que ocupó entre los años 2004 y 2008, era una «figura decorativa y sin funciones ejecutivas».

García Pineda hizo estas declaraciones en calidad de imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en una pieza separada del ‘caso Gürtel’, después de que el extesorero del PP a nivel nacional, Luis Bárcenas, asegurara que se había otorgado esa donación para financiar la campaña de María Dolores de Cospedal para las elecciones autonómicas de aquel año.

El que fuera concejal de Hacienda y Empleo del Ayuntamiento de Toledo con José Manuel Molina, llegó a la Audiencia a las 10:55 horas en un taxi procedente de Toledo, acondicionado para discapacitados, ya que se presentó en silla de ruedas aquejado de una lesión en la pierna derecha, y ocultando su rostro tras un ejemplar del periódico Marca.

Durante 40 minutos estuvo respondiendo al interrogatorio «exhaustivo», según fuentes judiciales presentes en la sala, del juez Ruz, así como del fiscal, del abogado de Manuel Manrique, responsable de SUFI, y su propio abogado, aunque no quiso responder a las preguntas de la acusación popular.

En su declaración, aseguró no conocer a Luis Bárcenas, ni a Álvaro Lapuerta, y casi tampoco a María Dolores de Cospedal, por quien le preguntó expresamente el juez. «Es la secretaria general del PP» dijo Pineda, ante lo que Ruz insistió en que «eso lo sabemos todos, le pregunto que si la conocía», a lo que Pineda negó toda relación: «Nos habrán presentado o habremos coincidido alguna vez».

Es más, en cuanto al gerente del Partido Popular en la región, José Ángel Cañas, que también declaró ya por el caso, dijo que en alguna ocasión le llamó para firmar algunos talones por valor de «un euro o dos para cafés y cosas así», pero que en ningún momento tuvo conocimiento de que existiera ninguna «caja B» ni nada parecido. Por no tener no tenía ni despacho como tesorero, según declaró.

Lamberto García Pineda recalcó que no cobraba por el cargo de tesorero, y que sobre «cajas B» en el Partido Popular sólo conocía lo que había leído en la prensa. Tanto es así que subrayó que no sabe ni cómo se financia una campaña.

Contrato aumentado. Según afirmó en su declaración en cuanto al sobrecoste del contrato de SUFI, filial de Sacyr, el Ayuntamiento de Toledo «intercedió» entre la empresa y los trabajadores del servicio de limpieza, en aquel momento en huelga, para resolver el conflicto laboral ante la cercanía de la celebración del Corpus Christi, fecha clave para la ciudad, desvinculando así la cercanía de las elecciones del 28 de mayo de 2007.

A García Pineda le llegó un «protocolo» que incluía la modificación del contrato y una mejora salarial, protocolo al que su abogado añadió el apellido «de intenciones», por lo que, como concejal de Empleo, lo hizo llegar a la Junta Local de Gobierno que vio favorable esa subida salarial, decisión que en todo momento carecía de «eficacia vinculante». En ningún momento se plasmó por escrito modificación contractual alguna ya que, en opinión de las mismas fuentes, «era tanto como decir que un día compró un arma y al día siguiente mató al finado».

Con todo, y siempre según su declaración, el Ayuntamiento de Toledo no tuvo que hacer frente a ningún sobrecoste por la mejora salarial, ni influyó para que ni SUFI ni nadie se beneficiara de ningún contrato. Es más, García Pineda se mostró ofendido ante Ruz con estos interrogantes, sobre los  que apostilló que «afectan a mi dignidad».

en manos de la igae. La Intervención General del Estado concluye en su informe que, ya con el PSOE e IUen el Gobierno municipal, la ejecución del contrato de la basura vulneró la legislación sobre contratos de las administraciones públicas y tasó el sobrecoste originado en 11 millones de euros, que recayó en exclusiva en las arcas municipales, circunstancia a la que se opuso el viceinterventor municipal, que planteó un reparo suspensivo que levantó siendo alcalde Emiliano García-Page.  

Sin embargo, el documento no detecta irregularidades  en la adjudicación del contrato en sí cuya aprobación en mayo de 2007 derivó directamente de los informes y puntuación -92,97 puntos- de la comisión técnica de valoración, y una comisión externa.

Aunque las fuentes judiciales consultadas miran ya a un proceso «maduro», éste del contrato de la recogida de basuras y su relación con los 200.000 euros entregados supuestamente por Bárcenas, que podría acabar en manos del Tribunal Superior de Justicia regional, y no en la Audiencia Nacional, de donde Lamberto García Pineda salió, dos horas más tarde, oculto nuevamente tras el Marca y asegurando que la declaración había ido «bien, bien».