La Ley de Seguridad Ciudadana, la norma comúnmente denostada como ‘Ley Mordaza’ por las restricciones que incluyó a los derechos de manifestación y libre expresión, es a su manera una máquina de hacer dinero para el Estado. Las sanciones impuestas por la vulneración de sus variados preceptos, desde la posesión de drogas a infracciones en materia de armas y explosivos, recaudaron durante el  año pasado 9,3 millones de euros. Esto supone un aumento de lo recaudado del 43 por ciento, comparado con los 6,5 millones contabilizados en 2016. Y todo ello, a pesar de que las sanciones en sí sólo han crecido un 10,18 por ciento de un año a otro. Así lo recoge la última edición del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior.

Durante el año pasado, se registraron en Castilla-La Mancha un total de 15.925 sanciones en la región por infracción de la Ley, frente a las 14.453 de 2016.

Hay que hacer constar que el crecimiento de recaudación de sanciones dictadas en base a esta Ley se repite en el conjunto de España, donde se da un alza del 51,45 por ciento al pasarse de los 89,6 millones de euros de 2016 a los 135,7 millones de 2017.

Un 75% vienen por estupefacientes. Precisamente, otra circunstancia que se repite en los datos castellano-manchegos y españoles en el caso de las sanciones de esta Ley es que la gran mayoría de lo recaudado en sanciones obedece a las infracciones de preceptos sobre estupefacientes. El Anuario cuantifica las vulneraciones a los puntos 16 (consumo o tenencia de drogas en lugares públicos), 18 (cultivo de plantas estupefacientes en lugares visibles por el público cuando la plantación no llegue a la extensión prevista para ser delito) y 19 (tolerancia al consumo o venta de estupefacientes en establecimientos abiertos al público) del artículo 36, el que recoge las infracciones graves. Por ello, se penalizan con multas que van de 601 a 30.000 euros según la importancia del hecho.

En Castilla-La Mancha, las sanciones fundamentadas en estos preceptos tuvieron un incremento mínimo, al pasar de 10.913 en 2016 a 10.920 en 2017. Sin embargo, la cuantía económica fue otro cantar, ya que si en 2016 se recaudó por esta vía 4,89 millones de euros en la región, al año siguiente se ingresaron 6,9 millones. Esto es, una subida del 40 por ciento. Lo cobrado a los infractores de los preceptos de droga supone un 74 por ciento del total recaudado por la Ley este año.

Otro apartado importante en la Ley es el relativo a Armas y Explosivos. Se sanciona como falta grave la exhibición de armas, aunque se cuente con licencia para su posesión, fuera de los lugares previstos para su empleo; y la fabricación de armas, explosivos y artefactos pirotécnicos sin licencia. También se sanciona como falta leve, sancionada con multa de 100 a 600 euros, la exhibición de objetos peligrosos con ánimo intimidatorio y la falta de medidas en la conservación de documentos sobre posesión de armas.

En la región, las sanciones por este asunto han pasado de 1.149 en 2016 a 1.535 en 2017, cerca de un 40 por ciento. Y lo recaudado ha crecido aproximadamente un 50 por ciento en este tiempo, al pasarse de 623.521 euros en 2016 a 935. 295 en 2017. Esta última cifra equivale a un 10 por ciento del total de lo recaudado por esta norma.

El otro gran bloque de sanciones corresponden a otros preceptos de seguridad ciudadana. Entre ellas, están 13 infracciones graves y 12 leves. Entre estas figuran las más polémicas de la ley, como las limitaciones a la celebración de manifestaciones, la prohibición de difundir  imágenes o datos personales de agentes policiales, o la sanción de lo que estos agentes entiendan como faltas de respeto a su persona. En este apartado se registra el mayor incremento del número de sanciones, al pasar de un total de 2.391 en 2016 a 3.470 en 2017. Esto supone un alza del 45 por ciento. En consecuencia, también se ha incrementado el dinero recaudado. Se pasó de 1,07 millones en 2016 a 1,38 en 2017, un aumento del 28 por ciento.