El Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana que impulsa Podemos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha contempla la creación del llamado Observatorio Ciudadano de la Democracia participativa, que «recogerá funciones del extinto Defensor del Pueblo», disuelto por Cospedal durante la pasada legislatura. La puesta en marcha de este observatorio nace de la reivindicación ciudadana, según explica el director general de Participación Ciudadana del Ejecutivo autonómico y miembro de Podemos, José Luis García Gascón.

Será un órgano de consulta y asesoramiento para el seguimiento y fiscalización de las políticas públicas de la Administración regional y las entidades locales, que deberá constituirse en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del texto. Entre sus funciones, hacer seguimiento y evaluación del cumplimento de la ley, fomentar la participación, realizar un informe anual dentro de sus competencias o analizar las peticiones ciudadanas.

En este sentido, García Gascón ha recordado que recuperar el Defensor del Pueblo era una de las cuestiones que Podemos incluyó en el acuerdo de investidura con el PSOE, y con esta nueva figura vería satisfechas sus reivindicaciones.

Ha aclarado además que este Observatorio contará con representación de la sociedad civil y no de representantes políticos, así como con el apoyo de un cuerpo funcionarial de nueva creación formado por cuatro trabajadores adscritos a las Cortes regionales.

Además, como ya avanzó hace unos meses La Tribuna, este borrador contempla reservar una cuantía mínima de los presupuestos generales de la comunidad autónoma para que sea la iniciativa ciudadana quien pueda decidir sobre su gestión, en un porcentaje que sería del 1% en los primeros años a partir de su aprobación pero con el horizonte de llegar al 10% en el medio plazo.

De las cantidades destinadas a presupuestos participativos, al menos la mitad serán destinadas a propuestas de ámbito provincial o inferior, distribuidas entre todas las comarcas de forma directamente proporcional a la población, la dispersión de población, el número de municipios y el menor nivel de renta.

En todo caso, se regulan unas fases mínimas de este proceso que pasan por una negociación previa con la ciudadanía, estudios técnicos de cuantificación o priorización de proyectos, siempre sin afectar al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria.

Como explica García Gascón,  Podemos lleva trabajando desde septiembre del año pasado y que ha definido como «el más participativo» de la historia de la región, ya que ha incorporado más de 340 aportaciones y ha contado con la participación de más de 60 organizaciones y entidades sociales como Cecam, Unicef, Cermi, UGT o CCOO.

En este sentido, pone en valor  que de las 215 propuestas enunciadas por la ciudadanía en el proceso de elaboración del anteproyecto de ley, sólo seis han quedado desestimadas, por lo que más del 97% han sido incorporadas. «Consideramos que, con todo lo que nos ha llegado, la ley se ha enriquecido mucho, está más avanzada y satisface más», apunta.

Además, explica que en la elaboración de esta norma, la parte ‘morada’ del Gobierno regional se ha fijado en legislaciones similares, como la andaluza.

A su juicio, son tres los principios fundamentales de esta medida, como son articular «un pacto entre ciudadanía y Administración» para que los gestores «no puedan decir ‘no’ a la sociedad»; poner «un tapón al derroche de dinero público y evitar la corrupción»; y fomentar una Administración «más eficiente y más eficaz».

Para conseguirlo, se regulan principios y obligaciones de las instituciones y se favorecen los procesos de «fiscalización de políticas públicas» por parte de la ciudadanía.

De esta manera, la iniciativa popular puede activar procesos para que «los cargos públicos tengan que dar cuenta de su actividad y de su gestión», fiscalizando además los resultados de sus planes.

 La puesta en marcha de esta ley supondría un desembolso de entre dos y tres millones de euros anuales, de los cuales cerca de 800.000 irían a parar a las diputaciones provinciales para repartirlos entre los ayuntamientos que requieran poner en marcha procesos de participación.

Además, contempla la contratación de 22 funcionarios. Así, la aprobación de esta ley supondría la modificación de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha para satisfacer la contratación de 11 nuevos profesionales en la Dirección General, a los que hay que sumar siete funcionarios más en las denominadas ‘Unidades de Participación’ -habrá una en cada Consejería- y otros cuatro trabajadores más para el Observatorio de la Participación.

De hecho, a se está trabajando con la Dirección General de Función pública para modificar la Relación de Puestos de Trabajo de su Dirección General para sostener la ampliación de plantilla, según comenta García Gascón.

«HAY QUE ACELERAR LOS PLAZOS». A seis meses de que se disuelvan las Cortes para convocar la próxima cita electoral, la estrechez del calendario obliga a «acelerar todos los plazos» para que esta ley pueda ver la luz.

Según detalla, el anteproyecto, que ya va por su cuarta versión, se someterá próximamente al Consejo de Gobierno para su conversión en proyecto de Ley, de manera que podrá arrancar el trámite parlamentario para que los grupos políticos con representación en las Cortes puedan enriquecerlo vía enmiendas parciales.