Justo cuando se acaban de cumplir tres años del fallecimiento de Andrea, la niña gallega de 12 años con una enfermedad rara y degenerativa para la que sus padres, Antonio Lago y Estela Ordóñez, pidieron una «muerte digna», el debate sobre la eutanasia, que el pasado jueves protagonizó el Pleno del Congreso de los Diputados, vuelve a estar sobre la mesa. Entonces, sus progenitores, que pedían que no se prolongara de forma artificial la vida de su hija, se vieron obligados a pasar por los médicos del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, un comité de ética asistencial del Servicio Gallego de Salud y un juez que, aunque no llegó a emitir un dictamen, si revisó el caso.

En los poco más de dos meses que restan hasta final de año, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere aprobar una ley que la regule, un compromiso adquirido por la propia portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, y para la que existe mayoría parlamentaria. En este contexto, la creación de comisiones de control previas que autorizarán o denegarán las solicitudes aprobadas por los médicos se perfila como el mayor escollo a salvar.

La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) cree que es «un error» puesto que, según expone Fernando Marín, su presidente en Madrid, «la rueda ya está inventada». «En Holanda, Bélgica y Cánada, que son los tres países de referencia, las comisiones posteriores funcionan bien», reflexiona al respecto. «Ampliará la burocracia y generará confusión, haciendo que en muchos territorios del Estado la ley quede en papel mojado», según añade.