Los 28 jueces reunidos en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) para abordar la sentencia sobre quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) ha tenido en vilo a los españoles durante dos días, pero, principalmente, al millón y medio de hipotecados que, tras su decisión de ayer, se quedarán, por el momento, sin posibilidad de recuperar el importe abonado por ese concepto.

Una sentencia fechada el pasado 16 de octubre por la Sala Tercera del Supremo, que rectificaba la doctrina anterior y atribuía al banco el pago de esta tasa, provocaba una enorme controversia pero abría para 1,5 millones de personas la opción de reintegrar el dinero que se entregó.

De haberse mantenido que era la banca la que debía hacerse cargo del tributo, las comunidades autónomas, que son las que lo han recaudado porque se trata de un impuesto transferido, técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifraron en 3.631 millones de euros el importe abonado por ese millón y medio de contribuyentes en los últimos cuatro años, que es el período no prescrito.

Gestha detalla que las hipotecas firmadas entre octubre de 2014 y julio de 2018 son las que no han prescrito desde el punto de vista fiscal y, por tanto, aquellas en las hubiera sido posible el recurso ante las haciendas regionales por el pago de este impuesto. Eso sí, la puerta se había abierto a hasta 12 millones de préstamos, pues entre las opciones barajadas se incluía que el impuesto de actos jurídicos documentados pudiera ser devuelto a créditos firmados hace 14 años.