«Lo que todo el mundo sabe es que en Castilla-La Mancha, cuando vas por determinadas zonas, te quedas sin cobertura», comentó David Llorente en la Comisión de Fomento de las Cortes regionales. El portavoz de Podemos insistió  en que lo nota con el ‘manos libres’ del coche. «Decir a la ciudadanía que hoy por hoy el 99% de los ciudadanos tiene cobertura no es bueno ni es malo, es mentira», añadió el diputado del PP Antonio Lucas Torres, «y no solo en muchos pueblos de Cuenca o Guadalajara, sino también en polígonos y urbanizaciones».

El director general  de  Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Alipio García, dijo estar de acuerdo en que hace falta más cobertura y banda ancha en la región, pero también puso en valor todo lo que se ha trabajado en esta legislatura. Se ha hecho, por ejemplo aflorando ‘islas blancas’. Así se denominan zonas que no tienen fibra óptica y las que no se podía subvencionar por estar en términos donde el núcleo principal sí la tiene. Con esta declaración ya pueden ser subvencionables y solo en 2018 la Junta ha aflorado 68:38 polígonos y 32 zonas residenciales.

«Nos hemos ocupado antes de las convocatorias Feder de ir a las operadoras y decir que nuestra prioridad era esta», expuso. Por eso recalcó que solo en polígonos se ha pasado de los cuatro que había con fibra en 2015 a los 84 de ahora. Y anuncia el despliegue en otros 51 antes de que termine la legislatura.

García aprovechó para anunciar en breve una convocatoria de ayudas de 2,5 millones para llevar la cobertura de móvil 3G o 4G a pueblos con menos de 70 habitantes. Dijo que el padrón de media no llega a diez.

1.933 núcleos de población

Castilla-La Mancha tiene 919 municipios, pero la Dirección General de Telecomunicaciones trabaja con un mapa de 1.933 núcleos.

99% de cobertura 3G

La cobertura 3G llega al 99% de la población (en los tres últimos años ha llegado a 711 núcleos donde no había)y la 4G al 95% (1.050 núcleos).

1.100 antenas aprobadas en 2018

Se ha batido récord este año en autorizaciones. Los niveles de radiación los marca el Estado. La Junta mira el impacto ambiental y en patrimonio.