El Servicio de Salud de Castilla-la Mancha (Sescam) implantará finalmente la renovada semana laboral de 35 horas en su plantilla, en consonancia con la última Ley en este sentido aprobada en las Cortes regionales, de una manera unilateral.  La Gerencia del servicio sanitario público no ha logrado el apoyo de ningún sindicato a su plan para adaptar el horario de sus empleados a la nueva jornada, que entra en vigor con el comienzo del nuevo año.

El borrador de este proyecto fue presentado este martes por la dirección del Sescam a las centrales dentro de la Mesa General que reúne a ambas partes para cuestiones laborales. Según explicaba al término de la reunión a este medio el representante de UGT en la Mesa, José Manuel Pinillos, el proyecto resultó una decepción para todos los sindicatos al consistir, en la práctica en el mismo borrador que la Gerencia del Sescam presentó para la efímera puesta en marcha de las 35 horas en 2016, que quedó frustrada al ser declarada inconstitucional por el TC. Y aquel borrador, ya entonces, no tuvo ningún respaldo sindical.

Pinillos señaló que la dirección del Sescam tampoco manifestó ninguna voluntad de aceptar -más allá de una promesa genérica de  estudiarlas- las propuestas planteadas por los sindicatos a partir de este asunto, que pedían que se tuvieran en cuenta mejoras suplementarias para la plantilla y nuevas formas de organización del servicio, que dejan obsoleto el borrador.

«Con el tiempo que ha pasado, no sólo nos vale con la jornada de 35 horas, había otra serie de cosas que se han negado a incorporarlas, como el solape de los turnos, que se compute de forma especial el trabajo de los días 24 y 31 de diciembre como se hacía antes... Son cosas que se  han ido retirando de la instrucción de jornada, y como han decidido no incorporarlas, pues finalmente no han tenido ni un voto a favor».

Así las cosas, continuó comentando Pinillos, ni su sindicato ni el resto de los representados en la Mesa General (CCOO, CSIF, CESM, Satse y USAE) quisieron dejar constancia de un respaldo expreso al plan de la dirección.

Por su parte, la responsable de CCOO en la Mesa, Chelo Cuadra, precisaba en declaraciones a Europa Press que el sindicato de Enfermería Satse votó en contra del plan, mientras los demás optaron por abstenerse.

Cuadra explicó que las instrucciones de la dirección del Sescam para restaurar las 35 horas incluyen alguna novedad como mejoras relacionadas con la formación obligatoria o la participación de la Junta de Personal a la hora de elaborar los planes funcionales. No obstante, CCOO cree que estos nuevos matices son «mínimos», ya que ni se han atendido sus demandas respecto a la contratación de más profesionales.

Como representante de UGT, Pinillos reprochó la falta de intención de dialogar de los responsables del Sescam. Así, recuerda que la semana laboral de 35 horas debía implantarse «sí o sí» en el servicio sanitario y en el resto del sector público autonómico, como mandato emanado del último acuerdo estatal para la Función Pública.

Además, Pinillos también manifestó que la reducción de jornada que tendrá cada empleado público del Sescam con la nueva semana laboral debe obligar a un aumento de plantilla. En este punto, lamentó que la dirección del Sescam no planteará ninguna estimación en este sentido.  

Garantías jurídicas.

Otra cuestión sobre la que se mantienen las dudas, a juicio de los sindicatos, es sobre si existen garantías jurídicas suficientes para que la nueva semana laboral se mantenga en el futuro. No hay que olvidar que la recuperación de las 35 horas en cada Administración autonómica pasa porque ésta cumpla con los distintos criterios de estabilidad presupuestaria, tal y como se condiciona en el acuerdo estatal.

Desde CCOO, Cuadra destacó que esta variable «no la tenemos suficientemente controlada», y destacó que existe el riesgo de que alguien pueda impugnar la jornada «por incumplir ese requisito».

Por UGT, Pinillos manifestó también su inquietud si se diera un incumplimiento presupuestario. Sin embargo, vio esperanzador que esta vez las 35 horas en la función pública hayan sido aprobadas por todos los grupos políticos del Parlamento regional, por lo que no espera la presentación de algún tipo de recurso basado en el incumplimiento de este requisito.