La crisis afecta a todos los ámbitos sociales. Y los casos de despidos, Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) o conflictos con los convenios colectivos están en el ojo del huracán. Desde 2007, muchos trabajadores se han visto obligados a acabar su relación laboral con su empresa en los tribunales.
María Elena Rivera, magistrada titular del Juzgado de lo Social de Cuenca y Pedro Fidel Lagunas, secretario judicial, dan fe de ello. Rivera reconoce que «este era un juzgado que funcionaba muy bien, tenía un volumen de trabajo muy razonable y aunque es único para toda la provincia, el trabajo era aceptable».
La jueza explica que en 2008, el primer año de la crisis, se dio entrada a 1.081 casos a lo largo de los doce meses, cuando lo que se considera normal por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es de unos 800 asuntos anuales.
Conforme la crisis empezó a agudizarse, los casos fueron incrementándose de manera paralela. Rivera destaca que todos los miembros del Juzgado de lo Social intentaron abarcar la magnitud de trabajo que les entraba, aunque «no era humanamente posible abarcarlo».
Entre 2008 y 2010, la influencia de la crisis no afectó en demasía la cantidad de trabajo que tuvo que soportar el Juzgado de lo Social. Por ejemplo, el número de casos que entró fueron 1.032 en 2009 y 1.116 un año más tarde.
Lagunas puntualiza que la situación cambió de forma considerable a partir de 2011. Y sigue sin disminuir hasta la actualidad. En 2011 la cantidad de casos ascendió hasta llegar a los 1.349, en 2012 se quedó en 1.701 y 2013 fue el primer año desde el inicio de la crisis económica en que se notó un descenso de asuntos. Llegó a los 1.447. Así, en sólo seis años, el volumen de trabajo aumentó un 26 por ciento.
No obstante, si se analizan únicamente los datos de 2012 y 2013, se observa que la cantidad de casos que entró en el Juzgado de lo Social disminuyó un 15 por ciento. En el primer trimestre de 2014, la faena no sólo no disminuyó, sino que aumentó un siete por ciento. Entre enero y marzo entraron 311 casos, mientras que en el mismo periodo del año anterior fueron 291.
Toda esta cantidad de trabajo repercute directamente en el tiempo que tardan los funcionarios en dar salida a cada proceso. Los casos se catalogan entre urgentes y no urgentes. Los primeros engloban asuntos de conflictos colectivos y los relacionados con los derechos fundamentales y libertades públicas, mientras que los no urgentes son todos los demás, es decir, despidos, reclamaciones de cantidades, Seguridad Social o temas relacionados con accidentes de trabajo. Aún así, un caso normal por despido tarda de ocho a nueve meses en que se dictamine la sentencia. Una demanda que ingrese a día de hoy, se señala a juicio para octubre o noviembre, mientras que si el proceso está relacionado con la Seguridad Social, se retrasa hasta enero del año que viene. La sentencia es el último paso, aunque debido a la cantidad de trabajo acumulado, la demora se incrementa en dos o tres meses más. Esto, siempre y cuando todo discurra tranquilamente y sin interrupciones en el proceso. Antes de la crisis, la situación que ahora tarda como mínimo unos ocho o nueve meses en llegar a puerto, se quedaba en lo establecido por el reglamento, es decir, unos dos meses.
Dos días para juicios. En lo que se refiere a los casos considerados como urgentes, en 2007, entre señalamiento, juicio y sentencia, no transcurrían más de dos semanas. Actualmente, dicho plazo se alarga hasta el mes. Otro aspecto que también provoca que los procesos se alarguen es el de las jornadas destinadas a la celebración de los juicios. Hasta diciembre de 2013, eran tres los días de la semana los que destinaban a tales menesteres, aunque a partir del 1 de enero de 2014, se redujeron a dos.
Todo el proceso se agilizó cuando los secretarios judiciales adquirieron las funciones de controlar la admisión de demandas y señalamientos. Sólo en los casos en lo que aprecie alguna irregularidad, traslada al juez el caso, que es el tiene la última palabra.
Debido a la masificación que padece este juzgado desde 2007, se pidió un apoyo, que le fue concedido. Desde hace dos semanas, una jueza adscrita a la Fiscalía de Menores debe celebrar 40 juicios mensuales en el juzgado de lo Social, lo que permite disminuir poco a poco las listas de espera. Se trata de un refuerzo para los próximos seis meses. Con respecto a esto, Rivera reconoció que dicha ayuda le permitirá agilizar el proceso de señalamientos.