El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, y la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, han mantenido un encuentro con la presidenta del Consejo de la Abogacía, Margarita Cerro y los decanos de los Colegios de Abogados de Castilla-La Mancha en el que se han abordado las «discrepancias» de estos en relación al servicio ‘Contigo’ de prevención y atención integral en materia de agresiones y abusos sexuales.
Según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, tras hacer un repaso por las diferentes dudas que hayan podido surgir relativas a ‘Contigo’, se ha aclarado que en lo concerniente al ámbito jurídico este se limita a proporcionar asesoramiento jurídico previo, y por tanto, no afecta al desarrollo del turno de oficio.
Ambas partes han acordado enfatizar más en esta cuestión y, además, incidir en las incompatibilidades profesionales derivadas de la prestación de asesoramiento jurídico previo y la asistencia procesal.
Asimismo, tanto el Consejo de la Abogacía como los colegios de abogados han trasmitido al vicepresidente primero su interés en reforzar la colaboración con la Administración regional en cuestiones relacionadas con la asistencia jurídica en distintos ámbitos.
Con esta reunión, el Ejecutivo autonómico ha querido mostrar a los profesionales del turno de oficio «su reconocimiento y respeto, conscientes de «su ejemplar labor en la defensa de los derechos de la ciudadanía».
Por último, en la línea de lo contemplado en la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, que previsiblemente se aprobará en el pleno de las Cortes regionales de este jueves, han coincidido en la conveniencia de actualizar el convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer y Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha adecuándolo a todas las manifestaciones de la violencia de género y reforzándolo en aspectos como la formación, con el fin de conseguir una mayor especialización por parte de los profesionales de la abogacía.
«Esta reunión se ha celebrado después de que el Consejo de la Abogacía expresara el pasado mes de septiembre su «profundo malestar» por la puesta en marcha por parte del Gobierno regional de un servicio de asistencia psicológica y jurídica gratuita a las víctimas de agresiones sexuales de la región para completar la actuación que se realiza desde los Centros de la Mujer por un importe de 230.000 euros. Esta institución recordó en ese momentos que dicha asistencia «se cubre de forma gratuita por los seis colegios de abogados existentes en la región».