¡Por fin es lunes! Sí, un lunes mejor que otros lunes porque, por fortuna, ya han pasado las elecciones, se acabó la campaña, los mítines insufribles y las fotos de políticos besando a niños y viejos. La vida sigue y, de hecho, promete traer emociones fuertes en los próximos días.
Si no, que se lo digan a Susana Díaz. Tras el paréntesis electoral, deberá afrontar ahora la cruda realidad de su investidura, aparcada durante unos días. Y lo va a tener que hacer con nubarrones de tormenta en el horizonte. Porque, no nos engañemos, la campaña de las elecciones municipales y autonómicas ha supuesto una tregua policial y judicial que ahora termina. Los asuntos aparcados hace varias semanas vuelven, a partir de ahora, a tomar cuerpo y se interponen entre el sillón presidencial y las abstenciones que necesita para llegar a alcanzarlo.
Uno de ellos es la adjudicación de la mina de Aznalcóllar saltándose a la torera los requisitos administrativos, según afirma el juez. Un asunto que amenaza con resucitar fantasmas del pasado y descargar un vertido tóxico sobre el actual Gobierno andaluz. La historia no ha hecho más que empezar, y aunque Díaz ya ha comenzado a ponerse la venda antes de la herida -es cosa de los funcionarios, ha venido a decir- lo cierto es que no le va a resultar fácil salir indemne. La adjudicación era un proyecto suyo personal, bandera de su gestión y exponente de la creación de empleo que quería coordinar. La responsabilidad, como mínimo política, le salpica de lleno en este asunto.
Otro que cada vez se le pone más feo es el de los cursos de formación. Un fraude mil millonario que, en pocas palabras, consistió en dar subvenciones a empresas afines al PSOE para organizar cursos para parados que nunca se impartían. El caso ya ha dado lugar a varias operaciones policiales -Edu Costa y Edu Centro- en seis de las ocho provincias andaluzas con un resultado provisional de 200 detenidos. Ahora, la UDEF centra sus pesquisas en las provincias de Sevilla y Huelva donde se espera que actúen muy en breve. Incluso en los mentideros se ha corrido el rumor de que alguien muy, muy próximo a la propia presidenta de los andaluces podría estar pringao en este presunto fraude.
El montante del dinero malversado -se habla de 3.000 millones en los últimos siete años- puede dejar pequeño al mayor caso de corrupción que se conoce hasta el momento, el de los ERE. Además, a diferencia de éste, el de los cursos de formación afecta también al Gobierno de Susana Díaz, no solo a los de sus predecesores, Chaves y Griñán.
La tolerancia cero con la corrupción que predica la dirigente de Triana en funciones se queda en mera retórica. Lo cierto es que la sombra de la corrupción se cierne sobre ella y su Gobierno. Diversos autos judiciales, no solo de la jueza Alaya, han puesto de manifiesto sus sospechas de que las macroestafas de los ERE y de los cursos a parados fueron orquestadas por la Junta. Es decir, no fueron decisiones aisladas de funcionarios o altos cargos concretos, sino que se trató de una estrategia premeditada por el Gobierno sureño con la intención de obtener réditos electorales.
Con este panorama, la investidura de Díaz se complica en la medida en la que vayan avanzando las causas judiciales que rodean a su Gobierno. A ver quién es el valiente que le presta sus votos en esas circunstancias. El que lo haga se convierte, de alguna manera, en cómplice de lo que pueda ocurrir. Y más aún cuando llueve sobre mojado desde hace ya más de tres décadas.