El presidente de Endesa, Borja Prado, sostuvo ayer que es «necesario» rediseñar los criterios de reparto del bono social y darle una vuelta a la tarifa eléctrica para que «responda a los costes reales del suministro en España». 

En su discurso en la junta general de accionistas, Prado señaló que es necesario este análisis para que el descuento actual del 25% que se ofrece a 2,4 millones de hogares sobre el total de la factura eléctrica sea percibido por las familias con unos niveles de renta mínimos, evitando así que lo reciban «otros clientes que no se encuentran en situación crítica». 

Así, aseguró que un diseño del bono social permitiría que la medida fuera «más eficaz» y que se liberaran recursos económicos para otros tipos de necesidades, «que podrían incluir el pago completo de las facturas de las personas identificadas por los servicios sociales como insolventes». 

A este respecto, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, insistió en su discurso en que esta modificación del bono social permitiría asignar los recursos a financiar a un fondo «claramente centrado» en asegurar el suministro en las familias que no pueden pagar la electricidad, «ni siquiera con un descuento y que sean identificadas como tales por los servicios asistenciales de los ayuntamientos españoles. 

Bogas subrayó que Endesa «no corta la luz absolutamente a nadie» que los servicios sociales identifiquen como una persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad energética. 

Respecto a las amenazas de la alcaldesa de Cataluña, Ada Colau, de sancionar a las empresas por los cortes de suministro, Prado indicó que cuando se hacen leyes «hay que estudiar que favorezcan a todo el mundo». «No puedes tomar decisiones legislativas o sancionadoras sin tener todos los datos. En Cataluña hemos hecho grandes esfuerzos y hechos grandes avances», remarcó.

En este sentido, Prado sentenció que una vez cumplido el objetivo de eliminar el déficit, objetivo «prioritario» de las reformas regulatorias de los últimos años, «ha llegado el momento de dar prioridad a la competitividad industrial y el bienestar del consumidor mediante una tarifa que responda a los costes reales del suministro». 

Para ello, consideró necesario analizar la «validez» de algunas reformas realizadas los pasados años durante la crisis y que, «en estos momentos, carecen ya de sentido», como los impuestos a la producción eléctrica y otras tasas impositivas que «suponen un alto porcentaje de la factura que pagan nuestros clientes y que, en muchos casos, no les correspondería abonar». 

El presidente de la corporación destacó que el sector necesita un marco regulatorio «basado en criterios de certidumbre, de estabilidad y de seguridad jurídica, pero con ello «no basta», y, además, hay un cuarto criterio «inexcusable» para hacer posible la transición a un nuevo sistema energético sostenible: la flexibilidad. 

A este respecto, Borja Prado apuntó la necesidad de «limpiar» progresivamente la tarifa eléctrica de costes extras y cargas impositivas, «ajenos al suministro, que actualmente pesan sobre ella y que representan más de la mitad de lo que pagan los consumidores». 

El ejecutivo avanzó que la electricidad, «el vector energético más limpio y eficiente», no puede estar «penalizado» con todas las cargas derivadas de «antiguas decisiones de política energética que le restan competitividad respecto de otras fuentes que son más contaminantes y menos eficientes en el consumo final». 

 

MODELO ENERGÉTICO. El consejero delEgado de Endesa pidió «despejar las incertidumbres» respecto «al presente y futuro inmediato» de las centrales eléctricas ya existentes, especialmente, las que pueden «ser viables, competitivas y sostenibles, desde el punto de vista económica y medioambiental, si cuentan con un razonable marco regulatorio». 

Para Bogas, estas centrales serán «indispensables» para asegurar el tránsito hacia el nuevo modelo energético, hasta que «maduren plenamente» las tecnologías en la que se basan este sistema.