La incógnita sobre las controvertidas cláusulas suelo que afectan a las hipotecas de millones de españoles está a punto de despejarse. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) presentará sus conclusiones sobre su retroactividad el próximo 12 de julio, aunque se trata una opinión independiente y no vinculante para la posterior sentencia firme, que será publicada a finales de este año. 

El TUE celebró ayer la vista oral sobre los tres asuntos prejudiciales acumulados en relación a la retroactividad de las cláusulas suelo en el territorio nacional. La Justicia europea debe dirimir ahora si la devolución de cantidades por la existencia de cláusulas abusivas debe calcularse desde el 9 de mayo de 2013, fecha de la sentencia del Tribunal Supremo, o desde el inicio de cada contrato hipotecario. 

En sus alegatos, los letrados de los afectados y los de las entidades financieras implicadas en estos tres asuntos (Cajasur, Banco Popular y BBVA) expusieron sus argumentos para defender sus posiciones, que principalmente han girado en torno a las implicaciones económicas que tendría decretar la retroactividad sin límite para las devoluciones de las cantidades cobradas por los bancos a sus consumidores. 

En este sentido, la defensa de los afectados apuntó que el reintegro de la totalidad de estos importes no supondría riesgos sistémicos para la economía española y que, además, podría facilitar el «cumplimiento correcto» de las obligaciones adquiridas por parte de los clientes con las propias entidades financieras. 

Así se pronunció Daniel Pineda, abogado de Francisco Gutiérrez en el asunto contra Cajasur. 

 Este jurista, además, minimizó el potencial perjuicio de las devoluciones para las entidades de crédito al entender que «no se haría de forma inmediata», sino de forma paulatina y durante años, «conforme a las sentencias de los juzgados vayan declarando abusivas las cláusulas suelo». 

 

UNA RESPUESTA CORRECTA. En la misma línea, el jurista Francisco García Cerrillo, en representación de Emilio Irles y Teresa Torres contra Banco Popular, argumentó que «inyectar en multitud de hogares 5.000, 6.000 o 7.000 euros conllevaría incentivar el consumo, la posibilidad de ahorro y el cumplimiento correcto de las obligaciones de esos ciudadanos con las propias entidades financieras».

Por contra, el abogado de Cajasur expresó que, a la luz de un informe del Banco de España elaborado para este procedimiento que no es público, España habría tenido que ampliar el rescate financiero si el Supremo hubiese obligado a devolver todos los importes cobrados desde el inicio de los contratos hipotecario. 

 Así, recordó que en mayo de 2013 España «estaba sujeto a un programa de asistencia financiera específicamente dirigido al saneamiento de entidades de crédito», apuntó.

 Un argumento similar ha mostrado el abogado del BBVA, Juan Rodríguez Cárcamo, quien apuntó que el mismo informe del Banco de España cifra en entre 5.000 millones y 7.600 millones de euros el importe de las devoluciones entre el inicio de los contratos con estas cláusulas y mayo de 2013, por lo que advirtió de que «las consecuencias de la sentencia que se dicte son inmensas».