La cuerda se tensa. De repente, la estirada parece que lleva el pañuelo al lado morado, pero una respuesta del lado rojo vuelve a dejar la señal en tierra de nadie. Y así, como en aquel juego infantil en el que cada uno tira para su casa, negocian los Presupuestos Generales del Estado el PSOE y Podemos.
El pasado viernes, los de Pablo Iglesias pusieron encima de la mesa una de sus condiciones: eliminar los beneficios fiscales de los planes de pensiones. Unos 9,6 millones de ciudadanos de la clase media contuvieron el aliento antes de que el Ministerio hiciera valer su ventaja y avanzara el sábado su negativa a una medida que, de inicio, no descartó su titular, María Jesús Montero.
Esta era una de múltiples exigencias de Podemos, que tiene encima de la mesa de negociación otros puntos como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros para 2019 y nuevas medidas para pinchar la burbuja del alquiler, una vez establecidos los perímetros en materia fiscal.
Fuentes de la formación morada adelantan que las mesas negociadoras en torno a la vivienda y a nuevas medidas laborales están abiertas, pese a que no se han reunido formalmente.
El secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, ya ha dejado claro en otras ocasiones que no habrá PSE si quienes cobran el SMI no se convierten en mileuristas el próximo año y no en 2020, como contemplaba la Alternativa Presupuestaria del PSOE presentada antes de llegar al Gobierno.
El pasado febrero, el Pleno del Congreso aprobó el acuerdo alcanzado por sindicatos y patronal para que el SMI subiera el 4 por ciento este año, hasta 736,01 euros en 14 pagas; el 5 por ciento en 2019 y el 10 por ciento un año después, aunque dichas alzas están vinculadas a que la economía crezca más del 2,5 por ciento y se creen 450.000 empleos cada año. Podemos urge modificar estos criterios y acelerar
Otra de las cuestiones laborales que el Gabinete analiza con Podemos es la modificación del Estatuto de los Trabajadores para devolver la prevalencia al convenio sectorial frente al de empresa y limitar la subcontratación. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, apuntó durante su primera comparecencia en el Hemiciclo que habría que endurecer los descuelgues para que vuelva a ser un mecanismo excepcional y recuperar la ultraactividad de los convenios.