El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) tiene sobre la mesa para su tramitación muchas solicitudes de ejecución forzosa de sentencia que pretenden que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) cumpla con el mandato de centenares de sentencias que le obligan a baremar a los aspirantes que demandaron y ganaron sus pleitos a propósito de las oposiciones de 2009, aquellas en las que el Tribunal Supremo anuló la nota de corte, tal y como reveló este diario el pasado 28 de diciembre. Buena parte de esas solicitudes parten del despacho de Juana Alaya, que tramita varios centenares de estos casos, y pretenden que la ejecución de la sentencia se lleve a cabo sin esperar que el Sescam tramite un procedimiento de revisión de todas las calificaciones, la de los opositores que tienen sentencia estimada por el TSJCM , y también la de aquellos que hasta ahora no han realizado ningún trámite para defender su aprobado en aquella oposición.
Pese a que todo hace referencia a las oposiciones celebradas en 2009, el recorrido judicial del caso se inició en el año 2014, a raíz de la reclamación de dos aspirantes a celadoras en aquellas oposiciones que consideraron que la nota de corte del turno libre «vulneraba derechos fundamentales de los especialmente protegidos en la Constitución», como es el de igualdad en el acceso a las administraciones públicas, un postulado que compartió el Tribunal Supremo en su última resolución el pasado año, tal y como dio a conocer este diario. El establecimiento de esa nota de corte suponía que para aprobar por el turno libre era necesaria una calificación muy superior a la que se pedía para aprobar por el turno de promoción interna, por lo que empleados que ya trabajaban en el Sescam y participaban en la oposición para promocionarse tenían más fácil el aprobado que los opositores que aspiraban por el turno libre. Esa nulidad según el propio Tribunal Supremo afecta a más de 50 convocatorias de oposiciones del año 2009, que cometían la misma discriminación de unos opositores sobre los otros, y a su vez, alguna de esas oposiciones, por sí solas lo eran para cubrir más de 700 plazas. En consecuencia los afectados que debieron aprobar entonces se cuentan por miles. Sólo en la oposición a la que se refería la sentencia, la estimación es que el Sescam debía considerar como aprobados, y pasar a la fase del concurso de méritos, a más de 2.000 opositores a los que rechazó en ese primer corte.
Tras estas sentencias y los cientos de casos que hay planteados en la justicia, muchos de ellos en el despacho de Juana Ayala que fue la letrada que ganó aquel pleito en el Tribunal Supremo, el Sescam optó por cumplir la sentencia reiniciando el procedimiento de la OPE y baremando los méritos de todos los que se presentaron a la oposición en los años 2010 y 2011. Frente a esa decisión del Sescam, algunos de los opositores con sentencia ganada han elevado al Tribunal Superior de Justicia la solicitud para la ejecución forzosa de su sentencia. En su opinión, el Sescam «ha dejado pasar los plazos para la ejecución voluntaria sin realizar los actos que le manda la sentencia», es decir, la baremación de sus méritos.
«Las sentencias que se han ganado son centenares», recordó Ayala, en declaraciones a La Tribuna, y en todas «se estima la revisión de oficio» de estos opositores pero el Sescam «lo que busca realizar con el proceso es iniciar una nueva revisión administrativa de oficio que ya estaba superada en la sentencia». «Se quiere volver a pronunciar sobre el procedimiento desde su origen» e iniciar un nuevo expediente administrativo. Hay que tener en cuenta que las sentencias ganadas adelantan mucho más los trámites a seguir y en lugar de revisarse ahora la nota del examen lo que pretenden es la baremación directa del concurso de méritos que seguía a la oposición.
La diferencia entre el procedimiento que piden los opositores con sentencia y el que ha iniciado el Sescam es que en este segundo se trata de celebrar la fase de concurso de todos los que resulten aprobados con la decisión del Tribunal Supremo de anular la nota de corte, lo que supone miles de aspirantes. Es algo considerado «injusto» por los opositores con sentencia ganada, dado que la sentencia manda una revisión con el procedimiento administrativo de revisión de oficio ya concluido, al menos para ellos, y requiere su inmediata baremación «ahora y sin más dilaciones».
En realidad lo que está en juego para estos centenares de opositores con sentencia ganada es más que el retraso en resolver su asunto, ya que la sentencia obliga a la administración a darles plaza si al baremar sus méritos llegan a la nota de la última plaza que se obtuvo en el año 2010 y 2011. Por su parte, la posición del Sescam es muy distinta, pretendiendo hacerles ahora concursar a todos en un nuevo concurso de méritos.