El mercado inmobiliario está revolucionado. Y no por la subida o bajada del precio de la vivienda, sino por una serie de resoluciones judiciales que han hecho tambalearse la Bolsa y han levantado en pie de guerra a los clientes.

Inicialmente, el Tribunal Supremo (TS) estableció que son los bancos, y no los ciudadanos, los que deben pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras ante notario de las hipotecas. Pero menos de una semana después, ese fallo quedó en el aire y vista para sentencia: será el próximo 5 de noviembre cuando se decida qué pasará al respecto. Mientras, el debate y las dudas siguen sobre la mesa.

¿cuál es la discusión? 

La cuestión central es si son los clientes o los bancos quienes debían pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la constitución de hipotecas, que se sitúa entre el 0,5% y el 1,5% y supone un importe medio de 2.500 euros. 

¿qué ha ocurrido?

El TS modificó el pasado 18 de octubre su decreto anterior del 28 de febrero y, con la nueva sentencia, determinó que son las entidades financieras y no los ciudadanos las responsables de ese tributo. El Alto Tribunal, cuyo ponente fue el magistrado Jesús Cudero, concluyó en esta resolución firme que no es el prestatario el sujeto pasivo del impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria, tal y como su jurisprudencia anterior sostenía, sino la firma que presta la suma correspondiente. No obstante, menos de 24 horas después, el viernes 19, el Supremo decidió convocar al Pleno para confirmar o anular la legislación recogida en dicha sentencia, por tratarse la decisión de un «giro radical» y habida cuenta de «su enorme repercusión económica y social», según su presidente, Carlos Lesmes.

¿qué pasará? 

Hasta el próximo lunes, el TS no decidirá si revoca o mantiene la jurisprudencia. Lo hará en un pleno con los 31 magistrados que integran la Sala de lo Contencioso-Administrativo del organismo.

¿qué sucede mientras? 

Por el momento, el fallo está «congelado». Aunque no se ha paralizado la firma de contratos hipotecarios, algunas partes han decidido esperar a la resolución del Supremo, mientras que otras que continúan adelante con el proceso han modicado la cláusula relativa al impuesto para dejar abierto que el pago lo realizará quien la ley establezca. En cualquier caso, desde el Colegio de Notarios recuerdan que desde que se firma una escritura hasta que se abone el tributo hay un plazo de 30 días hábiles. 

¿cuántos afectados hay? 

Desde Hacienda estiman que, de seguir adelante con esta sentencia, en torno a 1,5 millones de contribuyentes podrían reclamar la devolución del impuesto de los últimos cuatro años a las comunidades autónomas. Asimismo, al menos los ocho millones de españoles que tienen una hipoteca activa en la actualidad podrían reclamar a los bancos estos costes y pleitear por su devolución. 

impacto en los bancos

El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) calcula que todos los que se hayan hipotecado desde octubre de 2014 recibirán la suma de 3.631 millones de euros, a lo que habría que añadir los intereses de demora. En total, según Moody’s, podría tener un coste de 4.000 millones de euros para la banca. Además, otros 13,4 millones de hipotecados antes de septiembre de 2014 tendrían que pleitear con sus entidades financieras para recibir 25.657 millones, más intereses. 

opinión de expertos 

Las asociaciones de consumidores animan a seguir reclamando la devolución de este gravamen. En especial, desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) se insta a los ciudadanos que firmaron préstamos hipotecarios en la segunda quincena de septiembre de 2014 a reclamar ya ante la Hacienda autonómica correspondiente la devolución del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, dado que los ejercicios fiscales prescriben transcurridos cuatro años y el plazo de prescripción comienza a contarse a los 30 días hábiles siguientes a la rúbrica del documento público. 

posición de las firmas 

La banca prosigue con la firma de hipotecas con normalidad a la espera de que el Supremo se aclare. Sin embargo, la pestaña de préstamos sobre viviendas de las páginas webs de entidades como BBVA, Banco Santander o Bankia continúan inactivas, ya que no saben muy bien qué información ofrecer al cliente. Las grandes firmas han decidido comenzar a revisar su política de precios en la comercialización de créditos como anticipo al posible escenario en el que es a las entidades financieras a las que les corresponde pagar el impuesto