La Corporación municipal de Tarancón ha aprobado, en la sesión plenaria de de febrero, iniciar el expediente para denominar a una calle Familia Loriente, propietaria de la empresa Incarlopsa. La petición parte de los representantes de los trabajadores de la propia industria y estará en la zona de ampliación de Incarlopsa, junto a la carretera de Santa Cruz. El Pleno ordinario, que duró casi hora y media, aprobó esta tramitación con los votos a favor de PP y PSOE y el voto en contra de Ganemos-IU. El concejal presente de este grupo minoritario, Eduardo del Árbol, espera que «se presenten otras peticiones con otros nombres para esa calle», mientras que el portavoz popular, Luis Loeches, alabó la generación de empleo en la comarca y el alto grado de colaboración con multitud de actividades de todo tipo de la familia Loriente.
Por un valor total de más de 335.000 euros, se aprobaron seis transferencias de crédito para asumir determinados gastos -como una multa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana-, ya que los presupuestos municipales se encuentran prorrogados desde 2013. El Grupo Popular se abstuvo en algunas de ellas por considerar que «se está incumpliendo la ley, no está elaborado el Plan Económico-Financiero, llevamos reclamándolo desde octubre de 2015».
También se ratificaron, con la abstención de Ganemos-IU, las adjudicaciones de dos programas de actuación urbanizadora a iniciativa particular, uno en la zona de la rotonda del restaurante STOP y otro en la nueva zona de ampliación de la empresa Incarlopsa.
A vueltas con las guarderías
El debate entre los tres grupos políticos llegó con la derogación de las actuales ordenanzas que afectan a las escuelas infantiles, y la aprobación de las nuevas. Aunque el equipo de Gobierno aceptó varias sugerencias del PP en el plano jurídico, en los criterios relativos a las tasas no hubo acuerdo. La normativa fiscal salió adelante en segunda vuelta, al producirse un empate (faltó la portavoz de Ganemos-IU, Carolina Rey), por el voto de calidad del alcalde. Del Árbol votó en ambas en contra, solicitó sin éxito derivar este asunto a un pleno extraordinario. Loeches insistió en que «con las nuevas tasas los que menos tienen van a tener que pagar más que antes, no se hace justicia social», mientras que el concejal de Servicios Sociales, Juan Francisco Ramírez, remarcó que «se trata de hacer que el servicio no sea tan deficitario y que al bajar las tasas se produzcan un efecto llamada».