La Comisión de Políticas de Discapacidad de las Cortes también ha dado voz a las personas que tienen discapacidad física y orgánica, representadas en la confederación CLM Inclusiva, que agrupa a 70 asociaciones con 10.000 personas que forman parte de las mismas. Su presidente, Enrique Alarcón, hizo mucho hincapié en la necesidad de que se cumpla la ley de accesibilidad y ve que la forma de hacerlo es un buen régimen sancionador.

«Podemos encontrar en la región poblaciones y ciudades que son modélicas, pero en la mayoría tienes que ir por medio de la calle», expuso, «no puedes acceder a ningún sitio». Señala que no puede ser que «lo extraordinario sea la norma general» y que dependan de la buena voluntad de algún alcalde o grupo político.

Insistió en que hay que acabar con el hecho de que una persona en silla de ruedas «tenga que mendigar ayuda para utilizar un cajero automático, que esto pasa todos los días» o que tengan que «ser atendidos en la calle por un notario para gestionar la muerte de un familiar». También ve deficiencias en centros educativos, lugares de ocio, transporte o incluso en clínicas privadas a las que deriva el sistema público para hacer pruebas diagnósticas. Comentó que a veces no les pueden poner en una camilla y se quedan sin hacer la prueba después de la espera que han tenido que soportar. No ocultó que la normativa que hay en la región fue pionera en su día, pero que toca actualizarla y desarrollarla.

Otro de los aspectos que abordó Alarcón fue la necesidad de llegar a aquellas personas con discapacidad en zonas rurales. Para ello proponen la puesta en marcha de servicios de atención personalizada y rehabilitación itinerantes. Explicó que bastaría con contar con un equipo pequeño, pero que sería clave para llegar a esas personas  que viven en pueblos que están en medio de la sierra, por ejemplo. Contó que hay quien les ha trasladado que «solo con hablar con alguna persona se sienten felices porque hay personas que se sienten aisladas».