La jueza del Juzgado Número 1 de Tarancón, que instruye el caso de la denominada operación ‘Almenas’, ha firmado el alzamiento del secreto sumarial para las partes implicadas. Desde ayer, los procesados tienen acceso a al procedimiento que se lleva a cabo por supuestos delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales y falsificación de documentos, que afecta al ámbito de la administración local.
Asimismo, y según informaron a La Tribuna de Cuenca fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), los Juzgados prosiguen con la investigación de los documentos recabados en una gran cantidad de ayuntamientos de municipios conquenses, evaluando los registros y analizando los ordenadores incautados en su día por la Guardia Civil.
Además, desde que se abriera el proceso, el pasado 4 de diciembre, el TSJCM confirma que no han habido más imputados y la instrucción del caso continúa, sin determinar la duración del mismo y cuando se producirá una sentencia firme.
sucesos. Agentes de la Policía Judicial llevaron a cabo cinco registros, dos de ellos en los ayuntamientos de Puebla de Almenara y de Villares del Saz, y el resto en domicilios y empresas. Además, los agentes procedían a efectuar 37 requerimientos judiciales durante aquel primer jueves del mes de diciembre.
Concretamente, la Guardia Civil solicitó documentación en las dependencias municipales de Chillarón de Cuenca, San Martín de Boniches, Villarrubio, Villagarcia del Llano, Villarta, Santa María del Val, Saelices, El Hito, Casas de Benítez, Almendros, Masegosa Cañaveruelas, Mancomunidad de la Encomienda de Belvalle, con sede en el Ayuntamiento de Beteta, Lagunaseca, Castillo de Garcimuñoz, Villar del Humo, Las Valeras, Puebla del Salvador, Tragacete, La Almarcha, La Pesquera, Las Mesas, Zafrilla, Boniches, Paracuellos de la Vega, Alarcón, Tébar, Barajas de Melo, Beteta, Mariana, Villarta, Hontanaya, La Ventosa, Pozorrubielos de la Mancha, y en el municipio albaceteño de Villalgordo del Júcar.
Por este motivo se procedió a la detención de nueve personas, a las que se practicaron registros en sus domicilios y empresas. Estas personas, tras prestar declaración, quedaron en libertad.
Dos de las detenciones se practicaron tras el registro que se realizó en el Ayuntamiento de Puebla de Almenara. En concreto, se detuvo al alcalde de la localidad y al que fue secretario en 2009, año en el que se centró la investigación y recabación de documentación.
Inicio de las pesquisas. La denuncia de una empresa informática de Mota del Cuervo inició las investigaciones de la operación ‘Almena’. Según informaron los denunciantes, todo empezó cuando ediles del Ayuntamiento de Puebla de Almenara se percataron de que la empresa había emitido, supuestamente, una factura con el 21% de IVA, antes de que entrara en vigor dicho porcentaje (1 de septiembre de 2012). La empresa moteña dijo no tener constancia de esta factura y además les confirmó que «nunca había trabajado con este Ayuntamiento».
Tras comprobar que la factura era falsa, incluía un NIF distinto al de la empresa y ni siquiera coincidía el membrete, «nos personamos en el cuartel de la Guardia Civil y pusimos la denuncia», relató uno de los responsables de la empresa moteña.