El obispo de la Diócesis de Cuenca, José María Yanguas, manifestó ayer sobre la reducción del presupuesto del Gobierno regional destinado a la educación concertada que «me parece muy bien y aplaudo que se quiera fortalecer la enseñanza pública, que gane en calidad, pero que no sea en detrimento de la concertada que sí parece tener una mayor calidad».

Yanguas realizó estas declaraciones tras la polémica generada este pasado miércoles, cuando se hizo pública la decisión del Ejecutivo de Castilla-La Mancha de congelar la financiación destinada a los colegios concertados de Primaria y Secundaria en los presupuestos para 2016. Numerosos colectivos y asociaciones educativas católicas rechazaron la medida, al considerar la decisión como un ataque directo a la escuela concertada.

Así, el obispo de la Diócesis conquense opinó que la educación pública «debe ser de la mejor calidad. No tienen porque ser de menor calidad que la concertada, pero este principio, fundamental, no debe ir en contra de la libertad», según reza el artículo 27 de la Constitución Española, «que corresponde a los padres».

La Educación «es un derecho natural de los padres, que precede claramente al derecho del Estado, que tiene una función subsidiaria y que debe procurar que el derecho de los padres se lleve a cabo con las condiciones necesarias», dijo el obispo.

Yanguas opinó que la educación «no es primordialmente una cuestión del Estado. No tienen porque formar las conciencias, no le corresponde. La primera educación pertenece a los padres y el Estado no puede arrogarse competencias, salvo que dirija todas nuestras vidas».

En este sentido expuso que la educación concertada «le sale bastante económica al Estado. Bastaría, como se ha propuesto en algunas ocasiones, que diese a las familias el dinero que cuesta cada uno de los niños, para que pudieran disponer éstos según piensan que debe ser la educación de sus hijos». 

Por lo tanto, al Estado le corresponde la función de «vigilar para que la educación sea correcta, no haya excesos de ningún tipo, pero no concedamos al Estado la función de regulador como si tuviese una misión divina».

El obispo manifestó sobre las noticias aparecidas en prensa, que en un primer momento «parecía que se iba a descontar en apoyo de la pública parte de lo que se consigna de la concertada. El mismo presidente ha dicho que no iba a ser exactamente así, que se iba a potenciar la pública, que según él en estos últimos años había quedado desfavorecida, sin que ello supusiera un recorte en las asignaciones a la concertada».

 

Malestar. Tras las palabras del vicepresidente  de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, en las que aseguró que el documento firmado por el PSOE y la formación morada se comprometía a «reducir progresivamente la educación concertada y garantizar la disponibilidad de plazas de la educación pública», la comunidad de Escuelas Católicas de la región lamentó que el acuerdo «penalice a aquellas familias que confían en la educación de sus hijos a la escuela concertada». 

Por otro lado, la Confederación Católica Nacional de padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa) afirmó que tal decisión «pretende avivar el odio hacia la educación concertada por su carácter confesional».