Luis Planas tiene igualmente claro que los fondos deben ir prioritariamente a las pequeñas y medianas explotaciones de agricultores activos profesionales. Sin embargo, lo tiene menos claro y se muestra cauto, prudente, a la hora de opinar sobre la redistribución de las ayudas donde varias Comunidades Autónomas defienden la eliminación de los derechos históricos y corregir los actuales desequilibrios que hay entre los pagos por hectárea general e, incluso, en un mismo cultivo, según zonas o la existencia de sectores sin derecho a ayudas y lo deja al diálogo y las negociaciones con las CCAA y el sector.
Considera, además, que la venta a pérdidas es uno de los problemas más importantes que afectan a la industria agraria y alimentaria. Ve positiva la aplicación en los últimos años de la Ley de la Cadena Alimentaria, pero está decidido, vía una nueva Ley o modificando la actual de Comercio Minorista a perseguir ese tipo de prácticas.
Asimismo, estima un uso del agua más eficiente, pero no entra en las políticas de trasvases. Mantiene que el seguro agrario es un eje de la política agraria, ve en la digitalización una apuesta para del sector y, entre sus retos, está luchar contra el despoblamiento.
Desde 2014, funciona la Ley de la Cadena Alimentaria con buenos resultados en materia de control de contratos y plazos de pago. Sin embargo, Agricultura no pudo incluir competencias para la persecución y penalización de las ventas a pérdidas. ¿Cómo se va a abordar esto?
Me preocupa la venta a pérdidas por su efecto contra los intereses del sector agrario y de la industria alimentaria. Voy a abordar esa situación con una nueva ley o modificando la actual. Bruselas tiene en marcha la aprobación de una directiva contra las prácticas comerciales desleales.
Competencia se ha convertido en un escollo para la renta el sector agrario poniendo pegas hace unas semanas a la organización de la oferta en origen, valorando en 2015 como positiva la venta a pérdidas, oponiéndose al etiquetado de la leche en origen hace unos meses, mientras el sector denuncia que no aborda la concentración de distribución, fertilizantes, agroquímicos, semillas. ¿Habrá un entendimiento?
La CNMC tiene sus competencias y es lógico que trate de cumplirlas estrictamente, pero en Agricultura tenemos las nuestras y vamos a defender los intereses del sector. En esta línea, habrá etiquetado de origen para la leche a pesar de las recomendaciones en contra del organismo.
¿Qué plantea España de cara la reforma de la PAC?
En una primera fase de las negociaciones que se celebrarán hasta el verano de 2019 vamos a defender el mantenimiento de los actuales fondos, que para España son unos 44.000 millones de euros que suponen casi el 30% de la renta agraria, y para el apoyo al desarrollo rural desde la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. En España, Agricultura, Comunidades Autónomas y las organizaciones del sector mantenemos una posición unitaria en este sentido y, en el marco comunitario, España fue pionera, junto con Francia, en la formación de un grupo, hoy con 20 países, en la defensa de un presupuesto suficiente para poder cumplir esos objetivos.