En Castilla-La Mancha, más de 300 pueblos están sufriendo las consecuencias del crecimiento exponencial en el número de conejos, que arrasan las cosechas «sin que existan medidas paliativas eficaces para combatirlo, dentro de las regulaciones autonómicas encargadas de la materia.

Así lo ha reflejado el diputado nacional del PP Rafael Hernando en la Proposición no de Ley que ha registrado en el Congreso de los Diputados el pasado 20 de julio y que fue calificada el 4 de septiembre por la Mesa de la Cámara Baja.

En ella expone que los conejos, en la Península Ibérica, juegan un papel importante en la estructura de los ecosistemas.

Algunos estudios, realizados en el año 2005, estimaban un descenso drástico de la población de conejo, con respecto a mediados del siglo XX. Como consecuencia, se realizaron repoblaciones de la especie, por considerarlo idóneo para preservar el desarrollo de los ecosistemas y la cadena alimentaria de otras especies en peligro de extinción, como el lince ibérico o el águila imperial. Algunas de estas repoblaciones de la especie, unida a la dispersión natural de la especie, han superado con creces las previsiones que se tenían, desbordando las necesidades y con consecuencias nefastas para agricultores y ganaderos de muchas regiones.

En la actualidad, prosigue la Proposición no de Ley ‘popular’ resulta una labor casi imposible contabilizar el número de conejos que tenemos en lugares concretos del país, donde se ha convertido en una plaga. Por contraste, añade Hernando, otras regiones siguen planteando la necesidad de incrementar su población.

Solo en Castilla-La Mancha, más de 300 localidades de cuatro provincias están sufriendo las consecuencias de la plaga de conejos, que ha ocasionado pérdidas estimadas en 600 millones de euros.

Según las cifras que manejas los agricultores, sembrar una hectárea de cultivo leñoso tiene unos gastos iniciales para el agricultor que oscilan entre 6.000 y 12.000 euros y todo esto desaparece tras el paso de los conejos. En el último año se han tenido que dar de baja más de 6.000 cepas.

La cobertura para daños de fauna silvestre en el seguro agrario de 2016 ha alcanzado el 90 por ciento del total asegurado. El seguro agrario ha demostrado su utilidad como herramienta para la compensación de los daños causados y para la reducción de la conflictividad entre la actividad agraria y la gestión de la biodiversidad pero, ante situaciones estructurales como la que está sucediendo con el conejo, debe ser precedido y complementado por medidas de prevención y mitigación.

Los únicos remedios que se han puesto sobre la mesa hasta el momento, cita la Proposición no de Ley del Partido Popular, «han llenado nuestros campos de plásticos con el objetivo de asustar a los conejos, olvidándonos de los efectos nocivos de un material altamente contaminante». Ha hecho, prosigue Hernando, que los agricultores inviertan en artilugios que «han resultado inútiles y han dejado sin remedio este grave problema de nivel estatal».

Es por ello, que el PP, a través de este documento, insta al Gobierno a realizar, en coordinación con las comunidades autónomas, un inventario más detallado de la población de conejo; habilitar líneas de ayuda a los agricultores, ganaderos y sectores socioeconómicos afectados; revisar los criterios del seguro agrario y profundizar en el control de la parcelas con daños reiterados; y consensuar una estrategia nacional que implique a todas las administraciones, organismos y actores implicados, que coordine actuaciones conjuntas y que incluya un catálogo de medidas preventivas. Todo ello enfocado a que se logre compatibilizar la existencia de la especie, para la función que desempeña en la naturaleza, y su control en zonas agrícolas, evitando impactos económicos severos.