El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó ayer los registros de las viviendas y oficinas relacionadas con Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, para localizar el dinero que presuntamente pudo blanquear junto a su socio Luis Iglesias a través de siete operaciones inmobiliarias, según determinaron fuentes jurídicas.

Pedraz pretende aclarar el origen del dinero con el que se adquirieron 1.152 oficinas del Banco Santander por parte de la sociedad Samos Servicios y Gestiones, la compra de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa, la de un hotel en Canarias y operaciones realizadas entre la sociedad inversora Longshore y Prisa Division Inmobiliaria. También se encuentran entre las transacciones investigadas las realizadas entre Nueva Melilla Asociados y Tres Forcas Capital, así como la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012.

La Policía detuvo durante el transcurso de los registros, efectuados en los inmuebles de Madrid, Barcelona, Melilla y Valencia y que duraron ocho horas, tanto a Pujol como a su socio, que quedaron posteriormente en libertad en calidad de imputados, según informó la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado no cursó ninguna orden de arresto judicial en el transcurso de la operación.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional investiga a ambos por la comisión de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Indaga si, mediante suscripciones y aportaciones de capital y préstamos llevados a cabo entre sociedades residentes y no residentes, se situaran en España fondos procedentes del exterior, concretaron las mismas fuentes. La investigación ha detectado que las sociedades inversoras, propiedad de empresas no residentes en España, realizaron ampliaciones de capital y otros aportes de dinero sin que existan indicios de que contaran con la financiación suficiente para ello. También se localizaron hipotecas como garantía de préstamos otorgados a personas jurídicas que no parecen ser titulares de los bienes que sirven como garantía.

Pedraz acordó varios registros en las sedes de las empresas radicadas en España, situadas en cuatro provincias, requirió la incautación de documentación y ordenó el bloqueo de todas las cajas de seguridad de las sociedades investigadas. Asimismo, el juez admitió parcialmente a trámite el pasado 1 de octubre una querella presentada por Podemos y Guanyem Barcelona y, a petición de Anticorrupción, limitó su investigación a las actividades de Oleguer Pujol y su participación en sociedades participadas por mercantiles domiciliadas en Luxemburgo y Holanda en las que figuraba como administrador a través de la mercantil Drago Mediterranean Holding Cooperatief.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 argumentó entonces que  el menor de los Pujol obtuvo «una importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido» procedente de las Islas Vírgenes, «territorio considerado paraíso fiscal por la OCDE», para la adquisición de un establecimiento hotelero en Canarias.

En total, 60 agentes de la UDEF que participaron en los registros de las propiedades de Pujol y su socio y se incautaron de numerosa documentación, pero no hallaron dinero en metálico, una posibilidad que barajaron los investigadores, ya que contaron con el apoyo de la Unidad Canina que cuenta con perros especializados en hallar billetes. Las fuentes consultadas aseguraron que es un recurso habitual en este tipo de intervenciones económicas.

Unión de poder. Junto a Oleguer Pujol, está siendo investigado Luis Iglesias Rodríguez Viña, yerno del exministro de Trabajo Eduardo Zaplana. El empresario es el fundador de la gestora Drago Capital y ha sido denunciado por la Fiscalía Anticorrupción por sus vínculos con el pequeño de los Pujol, que participaba como socio en la compañía de inversión y gestión inmobiliaria hasta el año 2012.

 Iglesias saltó a las páginas del papel couche en mayo de 2013, cuando contrajo matrimonio con una de las hijas de Zaplana, María Jesús. El enlace fue recogido por las revistas del corazón que también se han hecho eco de su reciente paternidad.

Igual que sucedió con el hijo del expresidente de la Generalitat, Iglesias permaneció detenido y se le leyeron sus derechos durante varias horas en tanto se efectuaba la entrada en los domicilios. La policía tenía orden de incautar documentación relacionada con el presunto uso de dinero negro en siete operaciones inmobiliarias.

La Fiscalía Anticorrupción relaciona a Drago con distintas sociedades ubicadas en paraísos fiscales. Esta es una compañía de inversión y gestión inmobiliaria que opera en la Península Ibérica y que fue fundada en el año 2000. Desde sus inicios, ha cerrado operaciones por importe de más de 3.000 millones de euros gracias a grandes inversores institucionales.