En un comunicado, el sindicato ha informado de que con su admisión a trámite, como ya hizo hace escasos días la Audiencia Nacional, el TSJCLM deberá estudiar si las medidas que contempla esta norma deberían dejar de ser aplicadas, tal y como se alega en el escrito de CCOO.

El sindicato ha asegurado que dicho decreto introdujo medidas "extremadamente agresivas" para la educación que siguen en vigor actualmente.

"Esta norma, que contenía recortes que se definían como temporales y justificados por la situación económica del país, supuso grandes cambios en todo el Estado en materia de jornada lectiva, empleo y ratios de alumnos por clase", ha indicado el responsable de Educación Pública no Universitaria de CCOO-Enseñanza, Miguel Ángel Vaquero.

Ha remarcado que, de este modo, el Gobierno central incrementó "drásticamente" el número de estudiantes por aula, hasta 44 alumnos en clases de Bachillerato, y aumentó a dos semanas el plazo en el que podía no sustituirse al profesorado de baja, así como la carga lectiva docente.

Y ha añadido que todo ello, junto a la imposición de una exigua tasa de reposición, provocó la destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo, ya que cerca de 6.000 docentes dejaron de trabajar en Castilla-La Mancha, de los que aún quedan por recuperar más de 4.000.

Según Vaquero, también se disparó la precariedad del colectivo de trabajadores de la enseñanza en la región, donde la tasa de temporalidad se sitúa en el 20 por ciento.

En el ámbito universitario, este Real Decreto supuso incrementar la carga del profesorado universitario y el aumento de los precios públicos en las enseñanzas universitarias.

De forma paralela a las iniciativas judiciales, la Federación de Enseñanza de CCOO ha hecho un llamamiento al nuevo Gobierno que preside Pedro Sánchez para que abra un periodo de negociación en el ámbito educativo y ha instado a la derogación "urgente" de la mencionada norma.