Este lunes se conmemora el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, una fecha que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha utilizado a nivel nacional para reivindicar un desarrollo rural inclusivo, que libere el potencial de las personas con disparidad que residen en el ámbito rural, en la línea de su Declaración de Cuenca. El objetivo, explicó el gerente del Cermi regional, José Antonio Romero, es un desarrollo rural inclusivo, que libere el potencial de las personas con discapacidad que viven en el medio rural. La idea es que tengan las mismas posibilidades que las personas con discapacidad en el campo que las de la ciudad. No en vano, en Castilla-La Mancha el 52 por ciento de las personas con discapacidad viven en el medio rural, lo que hacen de esta comunidad la segunda con más población con discapacidad en el mismo y a falta de políticas adecuadas, seguirá el despoblamiento del medio rural.
Sin embargo, la preocupación económica también protagonizó este día. El sector, explicó la presidente regional del Cermi, Cristina Gómez Palomo, «se enfrenta a un momento crítico de sostenibilidad». Porque las entidades de la discapacidad inmersas en Cermi temen que, dado que todavía no se ha dado una solución definitiva a su financiación, van a tener muchos problemas para pagar a sus empleados el próximo año. En la región existen un total de 145.000 personas con discapacidad, a las que atienden 9.000 trabajadores. Después de dos años con el sueldo congelados, hoy se está negociando una subida del mismo, que puede rondar el diez por ciento. A esto hay que añadir la posible subida del salario mínimo interprofesional a los 900 euros, cifra superior a muchos de los contratos que hoy en día se dan en el sector.
El problema, apuntó Gómez Palomo, es que esto llega en el peor momento. Sin acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado, la Junta ha prorrogado los propios, con lo que cuenta con ciertas limitaciones para ampliar partidas y atender demandas. De momento, el Gobierno regional sólo ofrece una subida en su partida de discapacidad de 4,1 millones de euros, dinero con el que se podrá únicamente cubrir incrementos de plazas, servicios de capacitación y atención temprana. Pero para solventar este incremento salarial hará falta un mínimo de tres millones de euros, dinero que se incrementará si sube el salario mínimo. El sector está muy preocupado, como ha trasladado al Gobierno regional. Si no hay soluciones, se verá en problemas de financiación. Algunas optarán por cerrar servicios temporalmente y otras por despedir personal; desde luego, los perjudicados serán los usuarios. Más allá, Cermi pidió un concierto económico que no deje la financiación de estos servicios (universales y gratuitos) a las subvenciones.
Accesibilidad universal. El 4 de diciembre de 2017 se cumplía el plazo para que todos los bienes, servicios y productos fueran totalmente accesibles. Pasado un año, se ha cumplido todavía, denunció José Ramón del Pino (Aspaym), quien advirtió que si se sigue reclamando la accesibilidad, no es un capricho, sino un derecho. No hay accesibilidad en transporte, empleo o páginas web, por ejemplo, lo que impide a muchas personas tener una vida normal. Reivindicó una nueva ley de Accesibilidad, dado que la del 94 se quedó obsoleta.
Foro 20 años. Cermi cumple veinte años en la región, y para conmemorarlo, organiza el próximo día 12 un Foro sobre Discapacidad, derechos, políticas públicas y participación. Será en el Campus Universitario de Toledo. La participación está abierta a todos los que se apunten. La idea, apuntó Romero, es construir entre todos un documento de bases en las áreas de mujer y discapacidad, educación inclusiva, empleo, accesibilidad y autonomía personal y dependencia, que se trasladará a todos los grupos políticos de cara a las próximas elecciones.