Los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo (ERE) en la provincia de Cuenca vieron como el pasado año 2013 su espera para poder cobrar las indemnizaciones por parte del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se disparaba en el tiempo con respecto al año anterior.

Según un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre la gestión y el control de las prestaciones pagadas por este organismo, el plazo medio de espera en Cuenca se incrementó en un 43 por ciento con respecto a 2012 al pasar de 20,2 días a 35,1 para la resolución de un expediente.

Además, el tiempo de espera máxima sufrido por un trabajador en la resolución fue de 191 días mientras que el año anterior el expediente que más tiempo tardó fue de 121.

A pesar de estas esperas, la oficina de Cuenca es la que más rápido resuelve los trámites de Castilla-La Mancha donde, a excepción de Guadalajara, en el resto de provincias los plazos superan 100 días.

En este sentido, tras Cuenca se situaría la provincia alcarreña con una media de 42,2 días, le seguiría Toledo con 116,5, Ciudad Real 123,8 y Albacete con 175. En el caso de ésta durante el último ejercicio el intervalo se disparó ya que en 2013 tenía un registro de 77,3. Todas las oficinas del Fogasa de la región estarían, por otro lado, por debajo de la media nacional que en 2013 se situó en 239,3 días.   

Más expedientes. Como consecuencia de la prolongación en el tiempo transcurrido hasta la resolución de cada uno de los casos son cada vez más los expedientes que terminan el año a la espera de una decisión definitiva. Según el Tribunal de Cuentas a 1 de enero de 2014 había pendientes 121 solicitudes mientras que en la misma fecha del 2013 este número se situaba en 86 lo que representa un incremento significativo del 40 por ciento.

En este punto Cuenca también es la provincia con menos trabajo acumulado comparada con el resto de la región donde los sumarios sin resolver llegaron a superar ampliamente sus cifras con 1.300 y 1.238 en Ciudad Real y Toledo respectivamente, o 442 y 168 en Albacete y Toledo.

En las conclusiones del mencionado informe se señala que la acumulación de trabajo en este organismo autónomo, encargado del pago de las nóminas e indemnizaciones pendientes a los trabajadores implicados en los ERE presentados por las empresas, se debe a «una mala planificación».

El Tribunal de Cuentas advierte que el incremento en la acumulación y en la prolongación de los plazos «no son consecuencia de un hecho económico aislado y concreto», y señala que se debe al incremento progresivo, durante estos años de crisis económica, del número de empresas que se acogen a esta figura legal.

Por este motivo, destaca que el Fogasa tuvo una mala planificación ya que estas circunstancias se podían haber previsto y debería haber adoptado «medidas extraordinarias y urgentes» para evitarlo.

Juicios celebrados. Durante  el ejercicio de 2013 105 procesos en los que intervenía el Fogasa acabaron en los tribunales de los que el organismo oficial sólo compareció en un 60% de los casos. La justicia dio la razón al Fogasa en 25 ocasiones mientras que en otras 46 recibió sentencias desfavorables. A pesar de ello, el ahorro logrado por sus servicios jurídicos en concepto de responsabilidades subsidiarias no pagadas fue de 112.600 euros. En toda la región esta cantidad ascendió hasta los 525.684 siendo la segunda provincia que más contribuyó detrás de Toledo.