Y de momento no lo están siendo, lamentó en declaraciones a los medios la titular regional de Fomento. Ayer la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha acordado solicitar una nueva derivación de agua al Levante de 20 hectómetros cúbicos, una decisión, insiste García Élez, que ahora debe firmar la ministra Teresa Ribera, a quien la consejera pide que no ratifique y que derogue el Memorándum. Para ello, le ha recordado en varias ocasiones durante su intervención hoy ante los medios el compromiso del Gobierno central de que el trasvase iba a ser "algo extraordinario" y no ordinario. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha recurrirá este trasvase si finalmente la ministra da su visto bueno y se publica en el Boletín Oficial del Estado.

Preguntada sobre si reclamará la dimisión o el cese de la responsable de Transición Ecológica, García Élez ha puesto en valor el cambio de rumbo que el nuevo Gobierno del Estado está dando a la política hidráulica. La consejera de Fomento explicó que, al menos, está habiendo conversaciones para introducir a Castilla-La Mancha en la toma de decisiones de la Comisión de Explotación, pues "no se entiende que la comunidad autónoma cedente aún no esté sentada en la mesa".

Por otro lado, ha justificado que el verdadero problema de que no se impulse la desalación en España es el precio del agua desalada. Si ésta fuera más barata, el agua del trasvase dejaría de ser la primera opción.

Por último, García Élez ha recordado la reunión prevista para el 15 de octubre entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, donde sin duda estará el asunto del trasvase encima de la mesa y donde la consejera espera que el Ejecutivo central gire 180 grados en esta materia.