Asaja denunciará ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA ) y la administración competente, en este caso el Ministerio y la Consejería de Agricultura, posibles irregularidades detectadas en la vendimia de este año. Así lo confirmaron a La Tribuna fuentes regionales de la organización agraria tras la reunión celebrada ayer por el Comité Ejecutivo Regional de la organización en Toledo, donde se abordaron más aspectos que se darán a conocer hoy de forma más detallada en una rueda de prensa.
Actuaciones encaminadas a «proteger los derechos e intereses de los viticultores», por lo que el objetivo que persigue la Asociación de Jóvenes Agricultores con esta demanda es que se cumpla la ley y se investigue si ha habido o no irregularidades en el sector industrial con la detección de una posible alteración de precios y además, que estos se hayan dado a conocer con la campaña ya iniciada incumpliendo así con la Ley de la Cadena Agroalimentaria, que estable la obligación de los operadores de dar a conocer los precios al viticultor antes de entregar la cosecha. Según marca la Ley de la Cadena Alimentaria es obligatorio disponer de un contrato previo con un precio cierto; y además con fecha de pago a un mes de la entrega. Asimismo, la organización ve «sospechoso» que las tablillas que recogen los precios de las uvas en las puertas de las bodegas compradoras se hayan publicado al mismo tiempo y con cantidades semejantes en las distintas zonas de la región. Incluso, aseguró, en nota de prensa, que algunas industrias han podido «firmar contratos previos con precios referenciados a los de las tablillas y con primas sin especificar».
Precios que según las distintas organizaciones agrarias no se ajustan a las circunstancias del mercado y de producción actuales, puesto que las existencias de vino en bodegas y cooperativas son prácticamente nulas y las exportaciones están siendo favorables. De momento, Asaja ha dado el paso de denunciar estas presuntas irregularidades ante los distintos organismos, pero otros colectivos agrarios tampoco están de brazos cruzados. Así por ejemplo, COAG Castilla-La Mancha ha solicitado una reunión urgente con el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, para analizar «el sospechoso ‘modus operandi’» de las grandes bodegas a la hora de fijar los precios de la uva. En un comunicado, COAG considera que las cotizaciones similares que figuran en las tablillas que han hecho públicas algunas bodegas «podrían responder a un presunto pacto y sería un delito contra la libre competencia».