La Fiscalía trata de argumentar, en un escrito de 127 páginas, cuáles son las razones que existen para acusar a los 18 exdirigentes catalanes que se sentarán en el banquillo por organizar el denominado procés. Un documento plagado de calificativos con los que fundamentar la tesis de la rebelión que, a su juicio, se produjo en 2017 y que condujo a la posterior declaración unilateral de independencia. 

Así, adjetivos como «criminal», «violentas», «agresivo», «graves», «ilícitas», «intimidatoria» u «hostil» les sirven a los fiscales del caso para relatar los hechos que se produjeron entonces y que les llevan a pedir penas de hasta 25 años de prisión para los procesados. 

El Ministerio Público considera que la estrategia diseñada por las principales instituciones, partidos y entidades soberanistas catalanas con el fin de lograr la independencia de esa comunidad se basaba en una «actuación convergente» de todos ellos mediante una «acción combinada y sincronizada». 

Para alcanzar el «resultado criminal pretendido», según los fiscales, los acusados se valieron de una «fuerza intimidatoria», siendo conscientes de la «notoria ilegalidad» de su proceder y de la «altísima probabilidad» de que esto llevara a «incidentes violentos».