Buena voluntad sin mayorías estables

JAVIER D. BAZAGA (SPC) - domingo, 30 de diciembre de 2018
Buena voluntad sin mayorías estables - Foto: SERGIO PEREZ
El Ejecutivo de Pedro Sánchez cumple seis meses de mandato bajo la permanente amenaza de un adelanto electoral al que parece abocado por su precariedad parlamentaria y la falta de consenso

Hace seis meses, Pedro Sánchez pronunció una declaración con tres principios. Primero, limpiar el barro de la corrupción para devolver la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Segundo, devolver la estabilidad política al país tras unos meses convulsos. Y, por último, convocar elecciones generales para devolver la normalidad democrática al Estado que había vivido tres citas electorales con resultados inéditos hasta la fecha en su reciente Historia.
Fue la promesa de esta última la que, en buena medida, aupó a Sánchez a la Presidencia del Gobierno en la moción de censura del pasado 1 de junio. Fue esa intención de una pronta llamada a las urnas la que le permitió contar con los votos necesarios para desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa, y es quizá la mancha más grande en su balance de este medio año al frente del Ejecutivo, ya que pretende agotar lo que queda de legislatura a pesar de las voces que le han pedido que las convoque cuanto antes.
Pero su convocatoria ya no dependerá de las primeras dos condiciones, sino de que sea capaz de aprobar unos Presupuestos que quiere llevar en enero al Congreso. De su convalidación dependerá que se acorte o no una «legislatura fallida» que en la oposición creen que «nació muerta».
Sin embargo, el Gobierno formado a toda prisa -ni en el PSOE confiaban del todo en el éxito de la moción-, ha sabido aprovechar el tiempo. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha pronunciado en más de una ocasión que «lo importante del tiempo no es su transcurso sino su aprovechamiento», y la cantidad de iniciativas sociales llevadas a cabo avalan esa afirmación.
Sacar adelante el Pacto contra la Violencia Machista con un incremento de la dotación presupuestaria hasta los 100 millones de euros, y la apuesta por devolver las competencias de Igualdad a los ayuntamientos y entidades locales es una de las primeras muestras de la voluntad del Gobierno socialista de «fortalecer» los mecanismos de este pacto con el objetivo de convertir la igualdad en «un asunto de Estado».
Su balance también pasa por la recuperación de la sanidad universal. Una reforma social, pero con la que también se quiso enfatizar el cambio ideológico que habían experimentado las decisiones que salían de La Moncloa.
Una de las medidas estrella anunciada también por este Gobierno fue la supresión de los aforamientos para diputados, senadores y miembros del Ejecutivo, si bien finalmente se quedó en una «limitación» de esas garantías para los delitos cometidos en el ejercicio del cargo. «Es una reforma cuantitativamente pequeña», reconoció la propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, tras el Consejo de Ministros que dio inicio al trámite, aunque consideró la medida «importante» ya que los aforamientos quedarán reducidos al estricto desempeño de su labor en el cargo.
Otro decreto ley de especial relevancia en la «agenda social» del Gobierno fue el de la mejora del acceso a un «alquiler asequible». Se decidió ampliar el período de contratación de los alquileres de tres a cinco años, y hasta siete en el caso de que el arrendador sea una persona jurídica, en un intento de rebajar la burbuja inmobiliaria que se está generando en torno al mercado del alquiler en España, especialmente en las grandes ciudades con la proliferación de los llamados apartamentos turísticos. Una medida diseñada para «hacer frente al incremento de los precios y la escasez de oferta a precios asequibles» y para «poner coto a los desahucios».

El Gobierno se ha valido de la fórmula del real decreto ley para sacar adelante, precisamente, este tipo de medidas sociales, de difícil rechazo entre los distintos partidos, para salvar la debilidad parlamentaria en el Congreso. En total, según explicó el propio presidente Sánchez en el Senado, han sido 19 decretos de los que se han convalidado en la Cámara Baja, 16 con la suficiente mayoría. «El Gobierno está gobernando para la mayoría ciudadana», aseguró ante estas cifras.
En el caso de la paz social, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, dio muestras de su capacidad de «diálogo» que ya ofreció como uno de sus puntos fuertes durante su toma de posesión, al conseguir reunir a patronal y agentes sociales para firmar el Acuerdo nacional por el Empleo y la Negociación Colectiva, que permitirá a millones de trabajadores acordar sus condiciones en un marco estable y claro.
El gran hito de este medio año ha sido la aprobación de un incremento del 22 por ciento del salario mínimo interprofesional, hasta los 900 euros, y un incremento del sueldo de los empleados públicos del 2,25 por ciento. Ambas iniciativas aprobadas en el polémico Consejo de Ministros de Barcelona del pasado 21 de diciembre.
Y es que las relaciones con Cataluña también figuran en la gestión de este Gobierno, al haber recuperado las relaciones bilaterales y las comisiones sectoriales después de siete años de desencuentros. Hasta 30 reuniones entre ambos Ejecutivos se celebraron hasta mediados de diciembre.
Unas citas que, sin embargo, no han apaciguado las ansias de independencia de los partidos separatistas, ya que han aumentado la presión hacia el Gabinete central con más actividad de los llamados CDR y un presidente de la Generalitat llamando a la «vía eslovena» para alcanzar su objetivo de manera unilateral. Todo ello llevó al principal líder de la oposición, el popular Pablo Casado, a pedir insistentemente la reinstauración del artículo 155 de la Constitución en esa región frente a un mandatario independentista al que acusó de buscar un «derramamiento de sangre».
Tanto Casado como el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se han mostrado más proclives a la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna que al restablecimiento de las relaciones, y han visto los gestos de Sánchez como una muestra de debilidad. Hasta llegaron a hablar de «humillación» con la celebración del Consejo de Ministros en la Ciudad Condal, y la recepción de Torra como si se tratase de un Jefe de Estado.
Frente a este balance de gestión y aprovechamiento del tiempo, encontramos también la otra cara de una serie de iniciativas que no han terminado aún de materializarse. La primera de ellas es la ya mencionada presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, prevista para este mes de enero, y que no podrá contar con un mayor margen de déficit por el previsible rechazo del Senado.
Tampoco está la reforma del sistema de financiación autonómica a la que renunció al poco de llegar a La Moncloa porque «no da tiempo», y con la que decepcionó más a propios que extraños, cuando fue una de sus banderas mientras estuvo en la oposición.
La derogación de la Lomce y de la reforma laboral del PP también figuraba como puntas de lanza de su agenda social y terminó en su aceptación, aunque con la convicción de que se debían derogar al menos «los aspectos más lesivos» de ambas leyes.
Por último, tampoco ha conseguido de momento otra de sus medidas estrella anunciadas al poco de hacerse con el Gabinete, como es la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El empeño del Gobierno se topó con la familia del dictador y una serie de obstáculos jurídicos a los que ha ido haciendo frente sin todavía resultados. Se puso como límite sacar a Franco antes del final del verano pasado, pero a día de hoy no hay ya nadie en el Ejecutivo que se atreva a poner una fecha para culminar esta promesa.
Ahora la siguiente meta volante del Ejecutivo está en esos Presupuestos, sin los que el propio Sánchez reconoce que no podrá llegar al año 2020. Mientras, tendrá que seguir buscando las mayorías puntuales para seguir ejerciendo una labor de Gobierno dependiente del resto de grupos.

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