El Gobierno decidió ayer dar un paso más en la lucha contra el fraude y la morosidad al aprobar en Consejo de Ministro el proyecto de reforma de la Ley General Tributaria con la que, en pocas palabras, pondrá al descubierto a todos aquellos deudores y defraudadores con Hacienda. Se trata, por tanto, de someter a exhibición pública, y consecuente rechazo social, a todos aquellos ciudadanos que a 31 de julio de este año presenten una deuda con la Administración superior al millón de euros y no haya sido abonado en el plazo de ingreso voluntario y, por otro lado, a los defraudadores que cuenten con una sentencia condenatoria en firme, aunque la publicación de la sentencia de estos últimos no será completa para no vulnerar los derechos al honor y a la intimidad de los afectados.

La norma contempla la publicación de la primera lista de deudores en el último trimestre de 2015. Posteriormente, en el primer semestre de cada año natural se divulgará una relación con aquellos que estén en estas circunstancias el 31 de diciembre del año previo, aunque quedarán excluidos los que tengan deudas o sanciones que se encuentren aplazadas o suspendidas.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, explicó el contenido de la reforma con la que se pretende «potenciar la lucha contra el fraude, reducir la conflictividad e incrementar la seguridad jurídica». «Se trata de mejorar la conciencia fiscal» aseguró, y señaló que los cambios normativos han permitido «aflorar mucho patrimonio» que no conocíamos y que está residenciado en el exterior.

El responsable de Hacienda se mostró convencido de que estamos en una época de grandes avances en la «lucha contra el fraude fiscal» a lo que añadió un aviso para los que no hayan hecho la declaración de todos sus bienes de forma correcta.

 

CONTRATOS Y CARRETERAS. El Consejo de Ministros dio luz verde también al anteproyecto de la Ley de Contratación del Sector Público, que busca agilizar y simplificar las contrataciones. Entre las novedades de la norma que destacó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es que, por primera vez, afecta a aquellas organizaciones que «sobreviven del dinero público», es decir, partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. Además, se aprobó la nueva Ley de Carreteras, que incluye medidas como el freno a la especulación en los terrenos próximos a la planificación de los trazados de nuevas vías; el incremento de sanciones hasta los 15.000 euros para las concesionarias de autopistas que no cumplan con las condiciones del servicio; la retirada de la publicidad que pueda afectar a la seguridad o la entrada de particulares para la instalación de áreas de servicio, hasta ahora materia exclusiva del Estado.