Tan solo 48 horas después de que el PP recordara que en octubre pasado expulsó a Rodrigo Rato del partido, el Gobierno afirmó que el calvario que el madrileño está viviendo es «un asunto particular», totalmente ajeno al bloque conservador y a los dos Gabinetes de José María Aznar. Así lo resaltó ayer, tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que afirmó contundente que «la ley es igual para todos» y que «las instituciones funcionan, con independencia de que haya o no elecciones».
Así, la dirigente vallisoletana explicó que la Agencia Tributaria lleva a cabo esa investigación «como consecuencia de las actividades privadas» del exdirector gerente del FMI, y no por hechos relacionados con un cargo público que ya no tiene. «El Gobierno no interfiere, sino que lo que hace es aplicar estrictamente la ley».
Ante la exigencia de explicaciones por todos los partidos de la oposición, al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, o de que se cree una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, Santamaría indicó que el próximo martes comparecerá en la Cámara Baja el director de Hacienda, Santiago Menéndez, y volvió a insistir en el carácter «particular» de los asuntos por los que se investiga a Rato: «No estamos ante hechos relacionados con el cargo que no tiene. Hay que diferenciar esos conceptos».
hernando. Todo hace indicar que la propuesta de La Moncloa de que declare este funcionario no contentará al resto de grupos, comenzando por el PSOE. De hecho, su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, avisó al gallego de que «va listo» si cree que «la imagen del exvicepresidente Rato detenido entrando en un coche» le «amnistía» de su «responsabilidad» por haber aprobado la «amnistía fiscal», que se ha convertido en el «agujero negro» de esta legislatura, por lo que le exigió que comparezca ante el Pleno para dar explicaciones de forma inmediata.
Junto a la número dos del Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que subrayó que se le investigaba al exjefe de Caja Madrid desde hace «mucho» (un año, según fuentes oficiales), resumió en una frase la postura del Ejecutivo central con el caso Rato, quien fuera jefe del propio andaluz y compañero de Gobierno de Rajoy: «Yo no estoy para sentimientos personales, sino solo para aplicar la ley».
Pese a que se felicitó de la «eficacia y firmeza» de la Agencia Tributaria, recalcando sus «extraordinarios avances» en la lucha contra el fraude fiscal, hizo frente a una petición lanzada desde Ferraz:que se publiquen los nombres de los 705 sospechosos que se acogieron a la amnistía fiscal. Para el Grupo Socialista, ante la eventual exigencia de responsabilidades penales, resulta imprescindible conocer qué personas, sociedades o demás entidades se acogieron a este proceso, y si son rentas de dudosa procedencia o de origen delictivo.
Sobre este punto, Montoro se mostró inflexible:«La actual ley prohíbe hacer pública la lista de los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal y que están siendo investigados». «No sé quiénes son», añadió. A este respecto, discrepó incluso su compañero de partido y eurodiputado Esteban González Pons.