Objetivo cumplido. El plan dirigido a desempleados mayores de 55 años ya tiene el visto bueno del Consejo de Gobierno, que ayer aprobó la Orden de bases del programa Garantía+55, por lo que la próxima semana se publicará la convocatoria. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, explicó que tal y como su propio nombre indica, este plan está dirigido a mayores de 55 años que perciben el subsidio estatal de 426 euros y que quieran incorporarse voluntariamente el circuito laboral y complementar lo que perciben para poder cotizar con una mayor cantidad.
Franco detalló que en Castilla-La Mancha hay 33.400 personas mayores de 55 años en situación de desempleo, una cifra que se incrementó desde el año 2007 con la crisis en 29.100 personas. Sin embargo, son 14.190 desempleados de más de 55 años los que reciben subsidio y por tanto a los que está dirigido este plan. El Gobierno regional espera llegar a 3.100, que sería un 22%, en los próximos dos años para los que el Plan Garantía+55 tiene una dotación económica de 9,8 millones de euros, de manera que en 2016 se gastarán 7,9 millones y en 2017 los 1,9 millones de euros restantes.
La titular de Economía, Empresas y Empleo explicó que este programa se llevará a cabo con la colaboración de ayuntamientos, diputaciones y entidades sin ánimo de lucro, y serán trabajos colaborativos y no contratos como tal porque serían incompatibles con la percepción del subsidio. La duración inicial de estas «adscripciones voluntarias» será de seis meses aunque podrá ampliarse hasta los 12 meses en función de los proyectos que se presenten. La idea, añadió Franco, es que los desempleados puedan jubilarse a los 61 años y mejorar su pensión con la participación en este programa.
Los ámbitos de actuación son múltiples y pasan por lo social hasta mantenimiento del medio rural o aplicación turística.
En concreto, la Junta aportará 500 euros que servirán al menos para cubrir el salario mínimo interprofesional o el mantenimiento de la última base de cotización, aunque si esta es más alta serán los ayuntamientos y las entidades las que tengan que pagar la diferencia. Además, la consejera avanzó que se hará un pago anticipado del 50% de la ayuda, se abonará un 25% a los tres meses de la puesta en marcha del proyecto y el otro 25% restante al término del mismo y con justificación un mes después.
Por último, destacó que se ha contemplado también la contratación de orientadores y formadores, de manera que podrá haber un orientador por cada proyecto que emplee a más de cinco personas, y en este caso el Ejecutivo aportará 15.000 euros.