El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas abonará a los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) la mitad pendiente de la paga extra de diciembre suprimida en 2012 en lo queda de mes de abril o a lo largo de mayo.
Según confirmaron ayer fuentes del Ministerio, el pago no irá incluido en la nómina sino que se hará un abono aparte, aunque no especificaron si se cobrará de una vez todo el porcentaje pendiente, de casi el 50%. Este pago no implicará un gasto adicional para el Estado, puesto que ya estaba comprometido en los presupuestos generales para 2016.
Los sindicatos con representación en la función pública recibieron la noticia de forma extraoficial a través de una llamada telefónica del Ministerio.
De acuerdo con lo explicado por los respresentanes de los empleados, la devolución se hará al personal de la Administración General de Estado (212.298 empleados) y a los de la Administración de Justicia no transferida (24.415 empleados), y tendrá un coste aproximado de 547 millones
Si se suma el resto de personal de la administración pública estatal, que incluye a las Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad y a los empleados de entidades empresariales y organismos públicos, la devolución llegaría a 531.324 trabajadores.
Los otros más de dos millones de empleados públicos, la mayoría dependientes de las comunidades autónomas y la administración local, dependerán de lo que decidan sus respectivos Gobiernos.
El Ejecutivo anunció en 2012 la supresión de una paga extra (la correspondiente a esa Navidad) a los funcionarios dentro de un paquete que incluia también una rebaja de días libres para este colectivo y una subida general del IVA al 21%. Para justificar el recorte en las Administraciones, Mariano Rajoy argumentó que era necesario revisar la función pública y adaptarla a la difícil coyuntura económica.
Al aprobar la medida, el Gabinete popular ya dijo que trataría de restituir esa paga suprimida a partir de 2015. En enero del año pasado se aprobó la devolución de un 25%, que se abonó en verano. El pasado mes de septiembre, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzó que se pagaría otro 26,2% de ese salario pendiente. Ante las críticas de si se trataba de una medida electoralista (las elecciones generales fueron en diciembre), defendió que solo asumían la promesa que hicieron tres años atrás de devolver el dinero.
La medida no afecta a todos los empleados públicos, sino a los de la Administración General del Estado y a los del Ministerio de Justicia. Con el resto, también vieron recortada su paga extra aquel año depende de dónde trabajen.
En el caso de las comunidades, los pagos han ido variando. En Extremadura ya lo ha devuelto todo. La Rioja abonó lo que le faltaba el pasado 23 de marzo. Asturias y Baleares pagaron el tercer plazo del 25% en enero. Navarra va por detrás, y abonó el segundo. Andalucía solo ha desembolsado el primer cuarto al inicio de este año. Y la Comunidad de Madrid, que pagó en enero el tercer 25%, se comprometió a abonar antes de octubre el último 25%.
Los ayuntamientos también han seguido distintos tiempos y porcentajes. En los últimos meses, se han aprobado hacerlo efectivo en Madrid, Valencia, Tenerife, las Palmas, Santander, entre otros muchos, pero quedan todavía diputaciones y municipios con estas partidas congeladas.
En un comunicado, CCOO criticó «duramente» la forma de proceder del Ministerio de Hacienda, y le acusó de «pisotear» la negociación colectiva a la que tienen derecho los empleados públicos y de haber iniciado «la campaña electoral» con esta medida.
UGT pidió al Ejecutivo en funciones que deje de alimentar «rumores» y convoque la Mesa de Negociación de la Administración General del Estado para anunciar «oficialmente» el pago del resto de la paga extraordinaria de 2012 aún por devolver.