El Gobierno en funciones acordó ayer un ajuste de 4.766 millones de euros este ejercicio para poder rebajar el déficit al 3,6 % del PIB, mientras que calculó que la economía nacional crecerá de media un 2,5% entre 2016 y 2019, año en el que el paro será del 14% de la población activa.

Estas previsiones, que para el Ejecutivo son «prudentes y realistas» y están supeditadas a «la política económica correcta» (en referencia a las previsibles nuevas elecciones generales), se han incorporado al Programa de Estabilidad (2016-2019) y remitido a la Comisión Europea (CE).

El Ejecutivo comunitario responderá en mayo con recomendaciones específicas para los siguientes 12-18 meses.

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, también se remitió el Plan Nacional de Reformas, aunque, al estar en funciones, el Gobierno se limita en él a dar cuenta de las iniciativas adoptadas durante el pasado ejercicio para cumplir con las recomendaciones comunitarias de primavera que se devolvieron entonces.

Respecto al déficit de 2016 (3,6% del PIB), el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que se establece una nueva meta del 1,1% del ProductoInterior Bruto para la Seguridad Social, de forma que es la Administración quien recibe el mayor ajuste respecto a las cifras previas, al sumar ocho décimas al balance anterior.

Según Montoro, el Gobierno confía en que la CE acepte dar un año más de margen para bajar de un desequilibrio entre ingresos y gastos del 3% del PIB, que es el límite máximo establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea y que inicialmente estaba previsto en 2016.

Para cumplir con el 3,6% propuesto ayer, España hará un ajuste del gasto en los ministerios de 2.000 millones de euros, a los que se sumarán 2.037 millones más por parte de las comunidades autónomas (sin que se conozca de momento cómo se repartirá) y 729 millones de euros procedentes del ahorro generado por el proceso de reforma de las administraciones públicas (CORA).

El ministerio de Fomento, con 598,30 millones, es el departamento más afectado por el citado acuerdo de no disponibilidad de créditos, seguido por los 447,30 millones de euros de Economía y Competitividad.

De lado de los ingresos, el Ejecutivo cuenta con una recaudación adicional de 1.000 millones de la lucha contra el fraude fiscal.

 En lo que se refiere al PIB, se espera que la economía española mantenga un ritmo de crecimiento medio del 2,5% en los próximos cuatro años (2,7% en 2016, 2,4% en 2017, 2,5% en 2018 y en 2019).

Este dinamismo sostenido se basará en la demanda interna, cuya aportación superará una media de 2,5 puntos, y en una inversión que crecerá en torno al 5% medio anual, con más fuerza en el caso de los bienes de equipo que en el de la construcción.

Según el ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, se trata de un «cambio de modelo» al pasar de un sistema basado en el ladrillo, que antes de la crisis suponía un 20% del PIB, y ahora es la mitad, a otra sustentada en la exportación de bienes y servicios, «mucho más estable» y menos dependiente de «vaivenes», subrayó.

 

TASA LABORAL. En cuanto al desempleo, el Gobierno espera que se prolongue igualmente el ciclo positivo que se inició hace ya dos años y que permite proyectar la recuperación de los niveles de ocupación laboral que tenía el país antes de la crisis.

Para finales de 2019, está previsto alcanzar, prácticamente, los 20 millones de ocupados mediante un ritmo de desarrollo anual medio de unos 470.000 nuevos puestos de trabajo.

El número de desocupados se estima que bajará alrededor de 1,8 millones en estos cuatro años y la tasa de paro descenderá desde el 22,1% de 2015 hasta el 14% esperado para 2019, tras pasar por 19,9% en 2016, 17,9% en 2017 y 15,8 % en 2018.

De Guindos defendió que todo este escenario político «es perfectamente factible» si no se cometen «errores» en política económica y «continuamos haciendo las cosas correctas como se han venido haciendo en los últimos cuatro años en los que se han dado unas directrices muy claras».

En este sentido, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, apostilló que si se sigue aplicando las mismas medidas que hasta ahora, se puede acabar «con 20 millones de empleos en 2019 y una tasa de desocupados del entorno del 13%», aseveró.

Sáenz de Santamaría destacó también que gracias al proceso reformista se ha mejorado la confianza en España y el país ha ganado eficiencia, como así lo demuestra el crecimiento del 3,2% del PIB en 2015, y del 3,4% en tasa interanual durante el primer trimestre de este ejercicio».