Hoy entra en vigor la reforma de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha, por la que se reduce hasta los 33 el número de diputados del Parlamento autonómico.

Una reforma que este lunes publicaba el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), y que establece que a cada una de las cinco provincias de la región le corresponderá un mínimo inicial de 3 diputados, mientras que los 18 restantes se distribuirán entre ellas en proporción a su población. Una distribución que se conocerá con la publicación del decreto de convocatoria de elecciones, en función de la población registrada en el año en curso.

Una publicación con la que se da por finalizada la propuesta de reducción del número de diputados planteada por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, y que ya es «una realidad», subrayaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, «en consonancia con lo que venían demandando los ciudadanos» en materia de «ajuste y austeridad en lo público».

Una medida más en este modelo de gestión de lo público, que en Castilla-La Mancha se ha complementado con otras iniciativas como la supresión de organismos duplicados y que no prestaban servicio directo a los ciudadanos, explicaba.

Para Cañizares se trata de «un hito importante», que ya está teniendo «reflejo» en iniciativas similares en otras comunidades autónomas. Para el PP de Castilla-La Mancha, continuaba el portavoz del Grupo Parlamentario, es «una medida más de las muchas que ha realizado y va a seguir planteando en la región», con el objetivo de seguir prestando servicios a los ciudadanos.

«Se cierra una etapa», apuntaba Francisco Cañizares, «pero no es el final de la ejemplaridad en la vida política, sino que es el momento inicial, donde otras comunidades autónomas van a seguir caminos similares a Castilla-La Mancha».

Pronunciamiento previo. Por su parte el secretario de Organización del Partido Socialista, Jesús Fernández Vaquero, recordaba que su partido tiene intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional esta reforma y solicitar «un pronunciamiento previo a las elecciones», con el objetivo de evitar problemas en caso de que una sentencia posterior del TC dijera que no es constitucional.

En este sentido Fernández Vaquero insistía en el carácter inconstitucional de la «arbitrariedad» con la que se plantea el número de diputados, así como la «proporcionalidad» en la distribución de los diputados, que podría llevar, por ejemplo, a que «en una provincia el 17% de los ciudadanos que voten a una formación, no tengan representación».