Escasamente un 0,57 por ciento de los españoles, 265.303 personas, ha registrado hasta ahora su testamento vital o voluntades anticipadas, el documento que recoge las instrucciones sobre cómo se quiere ser tratado al final de su vida o cuando no esté en condiciones de decidirlo.

Los datos, que constan en el Registro Nacional de Instrucciones Previas del Ministerio de Sanidad, los hizo públicos ayer la Fundación Edad&Vida con motivo del lanzamiento de una campaña, junto con la Fundación Mémora, para «sensibilizar» a la población sobre la importancia de este documento.

Según explicó la directora general de Edad&Vida, María José Abraham, la mitad de las personas que han registrado sus últimas voluntades es mayor de 65 años y solo un 16 por ciento de los españoles de entre 31 y 50 años lo ha hecho.

El director de Relaciones Internacionales de la Fundación Mémora, Fernando Sánchez, explicó que el desconocimiento de la existencia de este trámite, que permite designar a un representante que actúe como interlocutor ante el médico si la persona está impedida, es uno de los motivos por los que hay tan baja inscripción.

Sánchez apeló «a la responsabilidad de las Administraciones» para concienciar a la población y que más gente deje documentado sus últimas voluntades.

Como ponen de manifiesto los datos del registro a octubre de 2018, las comunidades con más incripciones por cada mil habitantes son Navarra, con una tasa del 10,87, el País Vasco (10,64) y Cataluña (10,01), mientras que las que tienen menores registros son las ciudades de Ceuta y Melilla, con un 0,81, Extremadura (1,70) y Murcia, con 2,96.

Desde 2013, fecha en la que se hizo la primera compilación de datos, apenas ha habido un incremento del 10 por ciento en personas que han redactado sus últimas voluntades vitales.