La realidad de la economía nacional ha llevado a una buena parte de los españoles a ansiar un trabajo en la Administración Pública, lo que siempre se ha conocido como «un empleo fijo para toda la vida». Entre las ventajas más recurrentes está tener un salario atractivo en función de la categoría a la que se acceda, percepción de trienios y quinquenios, igualdad retributiva entre hombres y mujeres, horario real a las horas establecidas por convenio, opciones de flexibilidad, desconexión total en vacaciones y días libres por asuntos propios, seguridad social o posibilidad de elegir una mutua privada, garantía de una jubilación con solvencia, estar representado por unos sindicatos fuertes o estabilidad en el puesto de trabajo donde, prácticamente, es imposible el despido o la aplicación de expedientes de regulación.

Para muchos trabajadores de la empresa privada se trata de privilegios no justificables por el mero hecho de haber aprobado una oposición que no tienen en cuenta valores como la productividad o la eficiencia laboral comparables con las ratios tanto de las pymes como de las grandes corporaciones.

Lejos del debate de ventajas e inconvenientes, de productividad y rentabilidad está el dato que esta semana confirmaba el INE en el que sostenía que existe una brecha entre el sueldo de los empleados públicos y los privados que ejercen una actividad similar de un 58% en favor de los trabajadores de la Administración, a pesar de que en ambos casos se trabajó una media de 35 horas semanales en 2021.

El INE reconocía que esta diferencia está provocada porque el salario dentro del sector público aumenta más que en el privado. El 2015, los funcionarios ganaban 866 euros más que un trabajador privado, una brecha que se ha incrementado en 2021 hasta los 1.066 euros mensuales, es decir, de 200 euros en tan solo cinco años.

Las nóminas dependientes de la Administración crecieron un 34% en los últimos tres lustros frente al 25,9% del resto de los asalariados.

En este contexto, si observamos la retribución media bruta de los empleados públicos en 2020, se puede verificar que ascendió a 2.884,7 euros al mes frente a los 1.818,6 euros del sector privado, según una encuesta de la EPA publicada también por el INE. La diferencia, en términos brutos, está en torno a los 1.000 euros mensuales por hacer un trabajo comparable.

El servicio público de Estadística justifica esta brecha sectorial manifestando que una mayor concentración de salarios elevados en la Administración viene determinada también por un mayor porcentaje de profesionales con estudios superiores, el tipo de ocupación desempeñado, el menor peso del trabajo a tiempo parcial y la mayor antigüedad. 

De hecho, solo un 6,5% de los empleados públicos ingresa menos de 1.336 euros al mes, frente al 36,1% de los que ocupan las empresas privadas que solo cuentan con estos ingresos  mensuales y, en el decil central con nóminas de entre 1.336 y 2.295 euros se sitúan el 42,6% de las contrataciones privadas frente al 29,7 de la Administración.

En este sentido, los sindicatos denuncian, además, grandes diferencias entre los trabajadores públicos del Estado y los de las comunidades autónomas, así como también entre las regiones, como se ha puesto en evidencia, por ejemplo, en el sector sanitario con la pandemia donde ciertos gobiernos autonómicos denunciaban como se quitan profesionales entre ellos ofreciendo mejores retribuciones. 

Poder adquisitivo

Si bien se trata de una reivindicación de ambos colectivos, sin embargo, los 2,7 millones de empleados públicos que existen a día de hoy reclaman recuperar el 12% del poder adquisitivo perdido desde 2010 frente a más del 20% del resto de los trabajadores.

El último acuerdo del Gobierno con CCOO y UGT, ya que CSIF se desmarcó, se coloca en el 9,5% entre 2022 y 2024, cuando la mayor parte de los trabajadores de la empresa privada están pendientes de un alza aún por determinar que podría colocarse en el 3% el próximo año.