Susana Tamaro escribió un hermoso libro que se titulaba 'Donde el corazón te lleve'. ¿Dónde nos lleva hoy la Justicia o, mejor, donde la quieren llevar, una vez más, los políticos? Escribo cuando el Gobierno y el principal partido de la oposición negocian la renovación del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Habrá acuerdo porque no tienen más remedio tras la dimisión de Carlos Lesmes y los varapalos de Europa, pero dudo que se arregle nada. Para empezar, Pedro Sánchez convocó a Núñez Feijóo de urgencia en el Palacio de La Moncloa cuando este es un asunto que compete al poder legislativo y no al ejecutivo, al Parlamento y no al Gobierno. La independencia de los poderes una vez más en entredicho. Pero, aunque haya acuerdo de mínimos, los problemas de la Justicia en España son otros y mucho más importantes.
Los dos grandes partidos solo buscan el control del Consejo del Poder Judicial para intentar garantizarse la inmunidad en el abuso del poder. El bloqueo del Consejo por decisión del Gobierno ha colapsado al Tribunal Supremo y a otros órganos judiciales, ha hecho ya un enorme daño a la justicia y a los ciudadanos que esperan decisiones de los órganos jurisdiccionales. La batalla por el control del Tribunal Constitucional esconde el interés de unos y de otros por acomodar las sentencias a sus intereses partidistas en asuntos como, por ejemplo, los indultos. Pero este tribunal lleva doce años paralizando sentencias como la del aborto, aplaza otras cuando le interesa y tiene encima de la mesa asuntos de calado político que no se atreve a sentenciar "por si hay cambio de cromos". Penoso.
La Fiscalía General del Estado ha sido un espectáculo y ha perdido toda sensación de independencia durante el mandato de Dolores Delgado y no estoy seguro de que pueda recuperarla sin cambios de fondo. La reforma de la instrucción penal no llega a buen puerto, a pesar de que todos los partidos están de acuerdo en que hay que cambiarla, y somos uno de los pocos países de Europa donde instruyen los jueces y no los fiscales. Tenemos la mitad de jueces y de fiscales que la media europea, lo cual, evidentemente no ayuda a que la justicia sea eficiente. España es el país de Europa donde la instrucción de los procesos es más lenta. Siete años ha durado la instrucción de una causa contra el ex presidente de la Comunidad Valenciana y cuando se celebre el juicio y se vean los pertinentes recursos, habrán pasado, al menos, otros siete. La duración media de los procesos civiles es de 882 días frente a 172 en el resto de Europa. Y no es porque gastemos menos, que no es así, sino porque gastamos mal, tenemos una mala organización, el sistema Lexnet no deja de ser un correo electrónico de lujo que sigue teniendo muchos fallos, y el Estado y las comunidades autónomas disponen de diez o doce sistemas telemáticos diferentes que no son compatibles y que no se comunican entre ellos. O, lo que es peor, la comunicación entre juzgados colindantes se hace, en ocasiones, por correo postal o por un propio. Y tenemos diecisiete legislaciones autonómicas que sumar a la estatal y a las locales, a veces contradictorias y muchas innecesarias, un riesgo indudable para la seguridad jurídica.
No es que los ciudadanos no confíen en la Justicia, aunque lo digan las encuestas. Somos el país de Europa con mayores índices de litigación lo que indica que, cuando tienen un problema, los ciudadanos acuden a la justicia. Lo que pasa es que es lenta; que los jueces no tienen capacidad para sacar adelante los asuntos pendientes; que se fijan vistas para dentro de dos, tres o cuatro años; que se ponen horarios en los juzgados que es imposible cumplir, lo que provoca la suspensión del 30 por ciento de los juicios; que la ejecución de las sentencias es otro agujero negro de la justicia, etc. Y fallan otras cosas importantes. Por ejemplo, los ataques y descalificaciones a sentencias desfavorables y a los jueces desde los partidos o desde miembros del propio Gobierno, la mala técnica legislativa, la aprobación de leyes que ponen en riesgo otros derechos, la hemorragia legislativa del Estado y de las autonomías, la desatención a la justicia gratuita, la peor pagada en Europa, el abuso buscado de los decretos-ley por parte de este Gobierno para evitar el debate parlamentario, la elusión de informes preceptivos de organismos del Estado... Por encima de elegir a unos magistrados o a otros y de controlar o no al Poder Judicial, no estaría mal que unos y otros pusieran fin a los verdaderos problemas de la justicia en España, los que causan insatisfacción y perjuicios a los ciudadanos.