El lendakari, Íñigo Urkullu, trasladó en la mañana del 26 de octubre de 2017 al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su "intuición" de que el jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, "no era muy dado" a aplicar el artículo 155 de la Constitución.

"Puigdemont me requería alguna garantía y le dije que no podía ofrecer garantías, solo una intuición", ha explicado el dirigente vasco en el Tribunal Supremo, donde ha declarado como testigo en el juicio del procés y se ha definido como "intercesor" o "enlace" entre ambas partes.

En la mañana del 26 de octubre -como el propio Puigdemont le comunicó- el "acuerdo" era disolver el Parlamento catalán y convocar elecciones, lo que anulaba la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

La misma mañana en la que el exconseller de Empresa Santi Vila comunicó al lendakari que el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, le había pedido que el propio Urkullu "intercediera" ante Rajoy, según su relato.

El mandatario vasco apreció que Rajoy no ofrecía una respuesta "taxativa", porque era "renuente" a cualquier paso que supusiera entrar en "una negociación que traspasara los límites de la Constitución", algo que, de todos modos, estaba fuera de las propuestas de Urkullu.

De hecho, ha negado que las propuestas de diálogo que puso sobre la mesa de ambas partes (y que Puigdemont respaldaba) no pasaban por una DUI, ni por exigir un referéndum, aunque sí ofreció abrir vías para llegar a una consulta "legal y pactada" al estilo de Quebec o Escocia.

La actitud de Rajoy durante esos días, según el testigo, era "de escucha, de atención y respuesta, no satisfactoria en algunos casos, pero no era una actitud proactiva de intentar encauzar la situación".

De modo que el lendakari comunicó a Puigdemont que no podía ofrecerle garantías, pero sí la intuición de que Rajoy no aplicaría el artículo 155 de la Constitución si se disolvía el Parlament y se convocaban elecciones. Para ello, él hizo una propuesta de enmienda para la norma que en ese momento se tramitaba en el Senado.

La cuestión es que el presidente de la Generalitat exigía garantías -porque su propia gente se le estaba "rebelando"- y finalmente el acuerdo se frustró y, al día siguiente, se votó la DUI.