Aunque entre algunos expertos y responsables políticos de Sanidad de las administraciones hay reticencias en reconocerlo, si queremos ser precisos a la hora de calificar la circulación del virus de la COVID en la actualidad se puede considerar que estamos en la séptima ola, después de que llevamos una serie de semanas en las que se incrementa la incidencia de forma persistente. En algunos puntos, los niveles de contagio serían de tercera o sexta ola, en este momento. Lo que ocurre es que, en abril, con la llamada «gripalización» de este coronavirus se estrenó un nuevo sistema para medir la evolución de la pandemia y los indicadores de riesgo por provincia - el antiguo «semáforo» - solo contemplan la evolución de los casos en los mayores de 60 años.
Es cierto que el porcentaje de vacunación en España es elevado, especialmente a partir de las personas de esta edad, aparte de que la variante actual puede ser más infectiva pero no más letal, pero si se sumaran todos los casos, como al principio, los datos serían tan alarmantes como los que vivimos en otras ocasiones, incluidos cierres perimetrales, distancias de metro y medio y restricciones en la hostelería. 
Desde la Semana Santa, que se encadenó con la retirada de la mascarilla en interiores, los datos han ido creciendo, teniendo en cuenta que no hay ninguna medida que trate de evitar el contacto cercano con otras personas, salvo en los lugares marcados, como hospitales, residencias o transportes. Ya no se hacen rastreos ni los asintomáticos o con síntomas leves guardan cuarentena, lo que se traduce en que, pese a que está presente el      SARS-CoV-2 podemos chocar de frente con él sin ningún tipo de defensa. 
Aparte de las hospitalizaciones, que se han reducido globalmente, tanto en planta como en UCI, aunque pueden ir aumentando en proporción a los casos, aunque sea menor, el único sistema que queda para comprobar la incidencia es el análisis de las aguas residuales y de baño. 
A la hora de tomar las medidas actuales se habrá calculado bien su repercusión, primero por los expertos y luego por los representantes públicos, porque los ciudadanos se siguen manteniendo en una especie de abandono sin que, por cierto, hayan comprobado que los recursos sanitarios que hipotéticamente estaban volcados en esta crisis se estén dedicando ya a reducir las listas de espera. Esto no ha acabado y ojalá que no surjan nuevas variantes por lo que, pese al cansancio de más de dos años, incluso el daño psicológico de muchos, hay que mantener cierta prevención, no se debe de olvidar.
Ya en el barómetro de abril del CIS a un 55,4 por ciento les preocupaban los efectos de la pandemia sobre la economía, mientras que, un 24,1 por ciento , algo menos que la mitad, temía por los efectos sobre la salud, con un mayoritario 77,4 por ciento que entendía que ya había pasado lo peor. Ojalá que lleven razón y se pueda olvidar este mal sueño. 
Ahora el CIS ha obtenido mayor unanimidad entre los españoles al preguntar por la crispación en España, donde el 90 por ciento de los encuestados está convencido de que la hay, en la misma proporción que opinan que los partidos políticos tienen la obligación de alcanzar consensos sobre temas importantes que afecten a la ciudadanía, pero eso es ya otra cuestión y más cuando muchos de los que van a votar hacen seguidismo de las posiciones más populistas. Esta es otra ola.