Breve, resolutiva y con un documento firmado que es una hoja de ruta para abordar la reforma de la financiación autonómica que el Gobierno parece decidido a abordar, después de siete años de prórroga de la existente. La reunión de ocho presidentes autonómicos, dos populares, -Galicia y Castilla y León-, cinco socialistas, -Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja- y un regionalista –Cantabria-, celebrada en Santiago de Compostela, unidos por unos problemas comunes, como representantes de la España vaciada, ha sido una experiencia que debe repetirse con más frecuencia, porque entre todos, y por encima o al lado de sus partidos, han alcanzado un consenso que es la mejor vía para que sus peticiones se escuchen con más fuerza.
Las reivindicaciones de los presidentes autonómicos del Foro Santiago parten de una premisa impecable, la igualdad de todos los españoles sea cual sea el lugar donde se encuentren, la necesidad de que lleguen a ellos todos los servicios sociales y que estos se financien de una manera justa teniendo en cuenta que en esas regiones la despoblación, el envejecimiento, la dispersión elevan el gasto necesario para que lleguen a todos. Al tiempo apuntan que es preciso invertir también para resolver esos problemas. Los 35 puntos aprobados en la declaración de Santiago van en esa doble dirección afrontar el presente en igualdad de condiciones y preparar el futuro aprovechando todas las posibilidades económicas y sociales, incluidas las derivadas de los efectos de la pandemia, que pasan también por la repoblación de sus territorios con apoyos a la familia, la natalidad y la llegada de nuevos habitantes.
Las propuestas de los presidentes autonómicos son todas de sentido común basadas en la necesidad de establecer una ponderación justa del coste de los servicios públicos adecuados a sus necesidades. Pero se trata de un documento para comenzar a negociar teniendo en cuenta que la otra parte de España, la del arco mediterráneo, la superpoblada, la turística, también tiene sus servicios públicos infrafinanciados, que hace preciso compaginar intereses tan distintos. La discrepancia de los independentistas catalanes es un escollo previsible, por voracidad por una parte y por los incumplimientos acerca de las promesas recibidas por otra.
La reunión auspiciada por Núñez Feijóo no debe ser entendida, por tanto, como un frente sino como un punto de partida. Como en toda negociación se ha de ser consciente de que todas las peticiones no podrán ser atendidas, que será preciso llegar a acuerdos que probablemente no dejen satisfechas a todas las partes. De hecho, ninguna reforma de la financiación autonómica ha sido pacífica y siempre ha habido quien se ha sentido afectado por agravios comparativos, o se ha actuado por bloques según fuera el color del gobierno que aborda la reforma.
De ahí procede también la importancia de la reunión de Santiago de Compostela. El encuentro no era en contra de las direcciones de los dos principales partidos nacionales enfrascados en una confrontación abierta, sino que estos tendrían que tomar buena cuenta de que cuando hay voluntad el acuerdo es posible y que son las direcciones del PSOE y del PP las que deben tomar ejemplo de sus dirigentes autonómicos y favorecer el acuerdo.