Los ocho presidentes autonómicos que se han reunido hoy en la cumbre sobre financiación autonómica de Santiago han logrado firmar una declaración institucional, con hasta 35 posiciones consensuadas, en la cual, ante una eventual reforma del sistema, piden que prime el coste de los servicios. Tras un trabajo previo de sus respectivos gabinetes de Hacienda, han acordado que las necesidades de financiación de las comunidades autónomas deberán ser fijadas atendiendo a los factores determinantes de sus necesidades reales. Es decir, que, además de los costes fijos, se tengan en cuentan factores como la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad, y el envejecimiento de la población, pues implican un mayor coste de los servicios, de forma que reclaman que debe ponderarse en mayor medida que en el actual sistema.
La cita ha juntado en el parador de los Reyes Católicos a los presidentes del PP Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León); al del Partido Regionalista de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; y a los del PSOE Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Concha Andreu (La Rioja), Javier Lambán (Aragón) y Adrián Barbón (Asturias). La mayoría de estas comunidades coinciden en tener que afrontar el coste de llevar servicios públicos a núcles pequeños y con poca población.
Estos dirigentes representan el 61,97% de la superficie española y al 24,13% de la población, pero quisieron ayer dejar claro que transmiten su «absoluto respeto» a las comunidades con intereses diferentes. En ese sentido, exigen además un consenso multilateral dejando al margen los «legítimos espacios bilaterales» entre el Gobierno y cada comunidad autónoma.
Todos los presidentes autonómicos, tras comenzar la junta a las diez y culminarla pasada la una de la tarde, destacaron en sus comparecencias la anuencia a la que han llegado y el clima de normalidad en el que se celebró esta asamblea, alejándola por tanto de toda confrontación partidista. El anfitrión, Alberto Núñez Feijóo, concluyó que «no sólo el hecho de debatir, sino el de acordar, es una excelente noticia en la España actual y en la España futura».
En el texto acordado proponen también la elaboración de un estudio independiente que evalúe el efecto de criterios como el nivel de renta, la tasa de paro o la pobreza en el coste de la prestación de servicios. En particular, ponen el foco en la sanidad pública y en su dinámica de crecimiento de gasto, todavía más intensificada con la pandemia, al considerar que debe ser objeto de  análisis especial en la próxima negociación. 
Isabel Rodríguez responde. Mientras había acuerdo en Santiago, la portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez ha admitido que la reforma de la financiación autonómica está pendiente en la agenda y asegura que para llevarla a cabo es necesario «un consenso previo». Añadió que en este caso «los consensos no son entre distintos partidos políticos» como lo demuestra el hecho de que hoy se han reunido en la capital de Galicia los presidentes regionales de diferentes partidos.
La ministra saludó el «esfuerzo» que han hecho estos presidentes para «allanar el posible camino de vías de consenso y acuerdo manifestando las posiciones de la singularidad de los territorios que representan».

Sin foros bilaterales

La declaración institucional conjunta de Santiago proclama que el nuevo sistema de financiación autonómica «solo puede ser fruto» de un consenso multilateral, pidiendo que este debate «quede al margen» de los espacios bilaterales entre el Ejecutivo central y cada comunidad. De esta manera quieren evitar lo que ocurrió con el modelo  actual, pactado en gran parte entre Zapatero y Cataluña.

Los ocho de Santiago reclaman el coste de los servicios - Foto: A.Perez Herrera

Cálculo por mayores de 85 años

En materia de la dependencia, defienden que la financiación debe ser suficiente para alcanzar los niveles de cobertura contemplados originalmente en la ley. Ante esto, proponen un nuevo grupo de edad a partir de 85 años, donde, según defienden, se concentran un mayor porcentaje de grandes dependientes destinatarios de los cuidados más intensivos del sistema.

Enfoque nacional para despoblación

Los ocho de Santiago reclaman el coste de los servicios - Foto: A.Perez Herrera

En cuestión de despoblación, la declaración hace un alegato en defensa de la lucha contra el reto demográfico, planteándose una serie de puntos e instando a que se trabaje a nivel nacional con un «enfoque integral, transversal y consensuado con las comunidades autonómas».  En educación expresaron su «apoyo» a la universalización del acceso a los centros infantiles de 0 a 3 años.

El lobo hace que Extremadura y La Rioja se descuelguen

Cantabria llevó una propuesta para que las ocho comunidades blindaran una posición común de cara apoyar a las regiones que albergan la práctica totalidad de lobos de España para lograr un modelo de coexistencia basado en las medidas ya contempladas en los planes de gestión de esas comunidades. Extremadura y La Rioja se descolgaron, pero Castilla-La Mancha sí mostró su apoyo.